Por Eder Juárez
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Tras el anuncio de la implementación del Estado de Sitio en el departamento de Izabal y 22 municipios más, por el asesinato de tres elementos del Ejército supuestamente a manos de presuntos narcotraficantes, analistas consideran que la justificación del combate al crimen organizado no es válido para implementar esa medida a 22 municipios.
Ramón Cadena, de la Comisión de Juristas (CIJ) indicó que este Estado de Sitio otra vez está siendo implementado en una Ley de Orden Público totalmente obsoleta e hizo un llamado al Congreso de la República, para que modifiquen la Ley, porque los Acuerdos de Paz así lo establecieron.
“En todo caso si quieren aplicar un Estado de Excepción que lo hagan en una Ley moderna que respete los Derechos Humanos”, dijo Cadena.
Además indicó que se ha optado por la implementación de un Estado de Sitio, pero hay que llamar la atención sobre una militarización, “el Presidente de la República prácticamente le entregó el poder al Ministro de la Defensa, entonces todos los municipios que tienen este Estado incluyendo el departamento de Izabal, significa que quien va a mandar ahí es el Ministro de la Defensa y es por eso que hay que revisar la Ley de Orden Público”, indicó.
Asimismo refiere que hay que profundizar más y ojalá que el Congreso no apruebe el Estado de Sitio, porque se debe hacer un análisis de la proporcionalidad de los hechos.
“Los hechos fueron graves, se ve que hay soldados que fueron ejecutados, pero necesitamos saber más, la sociedad no sabe con certeza qué pasó, se está criminalizando a las poblaciones, sabemos que el departamento de Izabal es conflictivo porque hay una empresa minera que está dañando el ambiente y el Lago de Izabal, ojalá que el Congreso no lo apruebe, porque aquí se necesita más discusión, ¿es realmente necesario el Estado de Sitio para combatir el crimen organizado en una sociedad supuestamente democrática o no? ese es el punto fundamental”, señaló Cadena.
Agregó que el Estado de Sitio no es la solución, sino más bien criminaliza y atemorizar más a la población y militariza a las comunidades que son objeto del Estado de Sito.
Jorge Santos, de la Convergencia por los Derechos Humanos, opina que hay una desproporcionalidad en la medida por el esclarecimiento de tres lamentables asesinatos de militares, que considera no requeriría de la implementación de un Estado de Sitio ni siquiera en municipios de El Estor.
Además indicó que la justificación del narcotráfico no es suficiente tampoco para el establecimiento de este Estado, más bien se requiere de una política integral que atienda los diversos fenómenos de la narcoactividad, incluyendo los delitos de lavado de dinero y corrupción, que es el caldo de cultivo donde el narcotráfico tiende su red o donde se alimenta.
Según Santos, el Estado de Sitio viola los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, “hay una condición en el establecimiento de un Estado de Sitio en 22 municipios en donde se restringen derechos de los cuales consideramos pueden ser violatorios a la Constitución Política de la República como el derecho de acción. Hoy los ciudadanos y ciudadanas de esos municipios están sometidos a un régimen totalitario en donde no tienen ninguna garantía que les proteja de sus derechos fundamentales”.
Asimismo indicó que la Convergencia de Derechos Humanos desde hace años ha hecho referencia de que el llamado a “defender” de manera armada territorios y comunidades no es lo correcto, “no es entendible eso como defensa de los derechos humanos porque esa defensa tiene parámetros establecidos, uno de ellos es la no violencia, ese ha sido el planteamiento siempre de los defensores y consideramos que las comunidades que resisten al embate de la instalación de monocultivos, principalmente de palma africana o resisten a la embestida del levantamiento de hidroeléctricas, mineras o al mismo narcotráfico, resisten con acciones no violentas en el marco del Estado de Derecho y lo hacen en su legítimo derecho constitucional de resistencia pacífica”, manifestó Santos.
