Por: Cristian Velix
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La Sala Segunda de Mayor Riesgo rechazó la recusación interpuesta por el abogado Moisés Galindo, sindicado en el Caso Caja de Pandora, quien pidió que se separe de este expediente judicial a la jueza Érika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”.
En esta oportunidad, el señalado manifestó que la juzgadora pudo haber violado el Código de Ética Profesional, por lo que, expuso que también accionó ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
A criterio de Galindo, la jueza habría trasgredido el secreto profesional, al tomar en cuenta un audio entre él y la esposa de Byron Lima, cuando Galindo era abogado defensor del condenado por el asesinato de monseñor Juan Gerardi.
“Ella (Aifán) actuó de una forma que lo que hizo fue ponerme a mí como un trofeo en este proceso, ella sabía que era un abogado litigante por más de 20 años, ella lo que hizo fue una orden de captura, humillarme públicamente”, expresó Galindo durante la audiencia.
El sindicado dijo que un abogado vive de su imagen y según él, Aifán la destruyó en un momento, además de que ella no ponderó que él era un abogado colegiado. Galindo ha presentado al menos siete recusaciones en contra de la jueza mencionada.
En anteriores recursos de este tipo, el procesado manifestó que la jueza ha intentado retrasar el proceso en su contra, para poder mantenerlo en prisión preventiva, situación que se debe, indica Galindo, a que ha sido “desafiante a su autoridad judicial”.
De igual manera, el abogado expresó, en relación con este último recurso mencionado, que la jueza “utilizó un fraude procesal”, por haber resuelto, con rapidez, una recusación.
De igual manera dicha judicatura rechazó un segundo incidente presentado por Galindo con el que también buscaba que la jueza dejara de conocer el mencionado expediente judicial.
INVESTIGACIÓN
Las pesquisas explican que Galindo pudo haber integrado una estructura criminal vinculada al traslado y obtención de beneficios de reos del Sistema Penitenciario (SP), esto durante la administración del Partido Patriota (PP), hecho por el que también se encuentra sindicado en este caso Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación.
En esa medida, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) indican que algunos privados de libertad pagaban los cambios de centro carcelario con vehículos, los cuales Byron Lima entregaba a sus abogados, entre ellos Galindo y Marco Antonio Rosell.
