Por Cristian Velix
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La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó esta mañana que las catorce personas que fueron condenadas el 19 de agosto pasado en el Caso Botín Registro General de la Propiedad (RGP) repararan al Estado, de forma conjunta, casi Q6 millones.
En esa línea, la PGN requirió que las once personas que fueron sentenciadas por presuntamente ocupar plazas fantasma en esa dependencia estatal, cancelaran el monto de alrededor de Q4 millones, mientras, que las otras tres personas que recibieron una pena por el ilícito de peculado culposo, el abogado del Estado pidió la cantidad cercana a los Q2 millones.
Entre quienes fueron condenadas el lunes anterior se encuentra Anabella de León, exjefa del RGP, esto por el delito de peculado culposo, sin interposición de pena de prisión. Por ella, la PGN solicitó que pagara Q1 millón 134 mil 799.
A pesar de esa solicitud, el Tribunal, Decimotercero de Sentencia Penal ,integrado por Edna Beatriz Maxia López, quien lo preside, y los vocales Juan Antonio Aceituno López y Jaime Delmar González Marín, rechazó esa petición de la representación del Estado.
“Tomamos la decisión que el derecho a la reparación digna, en esta acción, sea ejercida por la vía civil, quedando a salvo el derecho del Estado a través del Registro General de la Propiedad, para que pueda ejercerla de conformidad a la ley”, pronunció Maxia al momento de emitir la resolución.
Asimismo, la judicatura indicó que eso le da la oportunidad a la PGN para que pueda “enderezar” su petición y que haga acopio a los medios de prueba que están dentro la carpeta judicial y otros que se pudiera obtener.
Por ahora, “no hay ningún tipo de prueba, ni la mínima, para tomar esta decisión (reparación digna)”, concluyó el órgano jurisdiccional.
PETICIONES
Según las investigaciones, en el RGP hubo un conjunto de plazas fantasma, durante la administración de Anabella de León en esa institución, situación por la cual la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó que ella recibiera una pena de 10 años de prisión por peculado por sustracción en forma continuada, pero la judicatura cambió su delito por el anteriormente mencionado.
De igual manera, la Fiscalía requería que quienes habían ocupado esos puestos de trabajo, sin presentarse a trabajar, fueran condenados por el delito de peculado por sustracción en forma continuada, no obstante, el Tribunal decidió cambiarle el delito por el de caso especial de estafa en forma continuada a diez de ellos, mientras que a otra persona se lo trasladó por el delito de caso especial de estafa.
ABSOLUCIÓN
Las pesquisas también explican que hubo un conjunto de eventos contratados por el RGP que presentaron anomalías, hechos por los que eran señalados Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo, respectivamente, del presidente Jimmy Morales, sin embargo, los jueces que integran el Tribunal, a excepción de Edna Maxia, argumentaron que ellos no tuvieron voluntad de participar en los hechos por los que fueron absueltos, junto a otras nueve personas.
