Por Eder Juárez
ejuarez@lahora.com.gt
La Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió no ponderar en la tabla de gradación los méritos éticos, lo que podría facilitar la participación de candidatos con posibles vínculos al crimen organizado.
La tabla de gradación aprobada ayer por los comisionados establece un máximo de 25 puntos por méritos académicos, 70 puntos para méritos profesionales sin que se especifique qué aspectos calificarían como profesionales, la proyección humana tiene 5 puntos, mientras que los méritos éticos no fueron ponderables, es decir que la ética no será clave para la elección de quienes conformen el listado de 26 candidatos que serán enviados al Congreso de la República.
El abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, mostró su preocupación al respecto y señaló que es un vicio que en gran medida es el resultado de la inestabilidad y falta de independencia que tienen los jueces.
Según Orellana, la participación de candidatos con posibles vínculos con el crimen organizado es, “porque muchos de estos jueces dependen de roscas de abogados y de organizaciones paralelas para mantenerse durante cuatro años en el ejercicio de sus cargos y eventualmente progresar en el escalonamiento de su profesión, aquí el problema es más grande de lo que se ha visto hasta el momento y que hay conflicto de intereses que van a dañar la administración de justicia”, manifestó.
La conclusión a la que se llegaría es que definitivamente hace falta reformar drásticamente la Constitución Política de la República en la parte consagrada a la administración de justicia y eso es parte del círculo vicioso, porque muchos de estos grupos son los que principalmente se oponen a esas reformas, señaló el abogado.
Por su lado Álvaro Montenegro, de la Alianza por las Reformas, opinó que lo que existe es un problema fundamental de la falta de la carrera judicial.
“Lo que vemos es que hay una contraofensiva política de carácter judicial por la lucha contra la impunidad que se ha dado en los últimos años que tocó demasiados intereses y reveló la corrupción en el Sistema de Justicia y cómo las estructuras criminales para sobrevivir necesitan la impunidad”, manifestó Montenegro.
Según Montenegro, de esta forma hay una intención de cooptar las Cortes, de mantenerlas cooptadas o cooptarlas aún más de lo que ya están. “Las Salas de Apelación son clave, por ejemplo la Sala Tercera ha mostrado vínculos claros con el Ejecutivo que ha fallado a favor de ellos, es un descaro el que hacen en el Sistema de Justicia” indicó.
PUBLICAN CONVOCATORIAS
La Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia publicó la convocatoria para que los abogados interesados en participar en la integración de la nómina de 26 candidatos a ocupar las magistraturas de la (CSJ), procedan a entregar su currículo y documentos acreditantes juntamente con el formulario respectivo.
Los profesionales del derecho que quieran ser parte de la nómina deberán presentar la documentación en la sede de la Universidad Mesoamericana del 26 al 30 de agosto de 8 a 17 horas.
Quienes presenten su papelería deberán ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, abogado colegiado, mayor de 40 años y haber desempeñado un período completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de Tribunales colegiados de igual categoría, o haber ejercido la profesión de abogados por más de diez años.
Asimismo la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte de Apelaciones y Otros Tribunales de igual Categoría, publicó la convocatoria para que los abogados interesados en integrar la nómina de 270 candidatos a ocupar las magistraturas de las Cortes de Apelaciones, a presentar la documentación respectiva.
La papelería de esta Postuladora también deberá ser entregada en la Universidad Mesoamericana, entre el 24 y 30 de agosto de 8 a 18 horas.
Entre los requisitos para integrar la nómina está: ser guatemalteco de origen, ser mayor de 35 años, abogado colegiado, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de cinco años la profesión de abogado.
