Por Eder Juárez, Regina Pérez y Margarita Girón
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En días en que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) tienen agendado conocer la revocatoria que solicitó el Ejecutivo de un amparo provisional que detuvo la aprobación del Acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos, así como recursos relacionados a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las acciones de manifestantes afines a la minera CGN han impedido su trabajo.
Según confirmó la CC, el personal de la Corte tuvo que ser evacuado esta mañana, ante la amenaza de retención en sus instalaciones, como ocurrió ayer, cuando desde las 9 horas pobladores afines a las operaciones de la minera Fénix en El Estor, Izabal, retuvieron por varias horas a algunos magistrados, a trabajadores y estudiantes que participaban en una visita guiada en la sede de la Corte.
Aún se desconoce qué día conocerá el pleno la revocatoria del Ejecutivo en relación al mencionado amparo, sin embargo ayer, el CACIF emitió un comunicado de prensa haciendo un llamado a los magistrados a resolver “de manera inmediata” el recurso de revocatoria presentado por el Gobierno de Jimmy Morales.
“Lo anterior debe atenderse con celeridad, en aras de la certeza jurídica y del cumplimiento de los plazos establecidos en ley”, señaló el CACIF.
Asimismo, la Cámara de la Industria publicó un comunicado este día, en el que hizo un llamado urgente a los magistrados de la CC a actuar de forma inmediata para resolver el recurso de revocatoria indicando que de no hacerlo “ponen en riesgo la estabilidad económica de millones de personas” y que las presiones del presidente Donald Trump incrementarán los niveles de pobreza e incentivará la migración.
El pasado lunes, la oficina de comunicación de la CC informó que el pleno de la Corte conocerá los recursos presentados relacionados a la CICIG antes del 3 de septiembre, día en que finaliza el mandato de la Comisión.
HAY INTENCIÓN DE INTERRUMPIR
Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, (Asies), manifestó que aunque es difícil determinar cuál sea exactamente la intención de los que protestan, existe una intención directa en la retención del personal de la CC y muestra de ello son los indicios que se observan, como el motivo del bloqueo que es entregar un documento y en el momento que se solicita el mismo no lo tienen.
“Esto ya da a entender que hay una intención de interrumpir el trabajo de la CC como consecuencia de un acto y esto perjudica pues tiene efectos en el ritmo normal de la Corte y además incide en los plazos establecidos para el conocimiento de determinadas controversias”, destacó Escobar.
A decir de Escobar, además de casos como el Acuerdo de Tercer País Seguro y la Expulsión de la CICIG, existen otros que no son de conocimiento público que son igual de importantes para las partes involucradas y esto provoca que se atrase la justicia constitucional.
ES UN RIESGO A LA INDEPENDENCIA DE LA CC
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (Udefegua) indicó que hay varios elementos que han ido configurando una presión extrema en contra de los magistrados de la CC.
“Estamos frente a un Gobierno que el propio Presidente desobedece las resoluciones de este máximo órgano constitucional, en el pasado hemos visto como cámaras empresariales, Cámara de la Industria, empresas en particular, miembros de la oligarquía guatemalteca inclusive han levantado campañas comunicacionales que incluyen anuncios en radio, televisión, vallas publicitarias intentando generar una presión innecesaria que pudiera bien denominarse: riesgos a la independencia de los magistrados”, dijo Santos.
El activista calificó de lamentable que ayer trabajadores de la empresa minera CGN, de manera ilegal retuvieron durante varias horas a los trabajadores de la CC y a los propios magistrados, “curiosamente el mismo día el Cacif se pronuncia sobre la CC, habían miembros de la empresa funcionarios, algunos exmilitares dentro de la manifestación que en apariencia estarían dirigiendo estas acciones, esto se coloca como una gravísima violación a la independencia de los magistrados y nos coloca en la observancia plena de la forma de actuar de estos grupos, siempre al amparo de retorcer el Estado de Derecho, las normativas con el único objetivo de garantizar sus intereses” manifestó.
Además refirió que se está vulnerado el Estado de Derecho, porque una de las garantías para la impartición de justicia en cualquier sistema democrático y republicano, “es que el magistrado y juez tenga plena independencia de poder de cualquier naturaleza para poder emitir sus fallos en base a la legislación vigente”.
Según Santos, se está asistiendo a un rompimiento de la independencia judicial de manera paulatina y a un rompimiento del orden institucional de la misma manera, “se está atentando en contra de la institucionalidad que la Constitución Política de la República, regula para nuestro Estado Social de Derecho y con ello puede abrirse la puerta a un proceso mucho más grave del que estamos asistiendo, de regresión autoritaria y dictatorial”, manifestó.
