Por: Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt
El 3 de septiembre finalizará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tras la decisión tomada un año antes por el presidente Jimmy Morales, quien a pesar de liderar los esfuerzos para procurar la salida del país del ente internacional que apoyó la lucha anticorrupción en el ámbito penal, en algún momento de su presidencia manifestó su intención oficial de extender las operaciones de la Comisión del 2019 al 2021.
Sin embargo, eso sucedió antes que se conociera la presunta responsabilidad de su hermano, Sammy Morales y su hijo, José Manuel Morales, en el Caso Botín Registro de la Propiedad, así como la posible captación de financiamiento electoral ilícito en la campaña 2015 del partido que lo llevó a la Presidencia, FCN-Nación y por el que lo señalan a él mismo en su calidad de secretario general del partido.
Para el analista político, Renzo Rosal, esto evidencia el conflicto de intereses de Morales en la decisión tomada desde el Gobierno para no prorrogar el mandato de la CICIG, porque pasó de no considerarse un aliado de la lucha anticorrupción emprendida por el MP y la Comisión, a ser todo lo contrario, luego que se develaron las investigaciones que involucraban a familiares y a él en posibles ilícitos.
“Los casos de financiamiento electoral ilícito en donde él está en persona involucrado, probablemente, y algunos otros miembros de su familia (no el hermano y el hijo), son temas que lo que buscaba el Presidente es lo que ahora se está haciendo: que no salieran a luz pública”.
Renzo Rosal, politólogo
MORALES EN EVIDENCIA
En el canje de notas entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para prorrogar la estadía de CICIG en 2016, para el período del 2017 al 2019, el mandatario expresó que, en su tiempo oportuno, solicitaría que el ente internacional permaneciera más allá de septiembre de este año (2019).
“Deseo hacer manifiesta mi buena voluntad para solicitar la prórroga del mandato de la CICIG de 2019 a 2021, petición que ratificaré de forma expresa cuando llegue el momento legalmente oportuno”, se lee en la misiva firmada por Morales el 15 de abril de 2016, dirigida al entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon y publicada en el Diario de Centro América con fecha 8 de septiembre de 2016.
Aquí la publicación:
Esa carta formaba parte del procedimiento para renovar la permanencia de CICIG, la cual fue recibida y reconocida el 24 de mayo de 2016 por Ban Ki-Moon, con lo cual se oficializó un nuevo mandato para la Comisión que iniciaba en 2017 y que culminará en unas semanas.
A pesar de esa “buena voluntad” inicial descrita por el dignatario, la misma se terminó diluyendo en un contexto en donde fueron procesados penalmente sus familiares, al igual que el partido que lo llevó al poder empezaba a ser investigado por financiamiento anómalo.
Según Morales, él no interferiría en el proceso penal de Samuel Morales y José Manuel Morales, su hermano e hijo, respectivamente, cuando en la primera etapa del Caso Botín Registro General de la Propiedad, la jueza a cargo del caso requirió al Ministerio Público profundizar en las indagaciones, incluyendo la posible participación de los familiares del mandatario, quienes fueron mencionados por sindicados tras las primeras capturas y por anomalías en facturas relacionadas a la adquisición de unas canastas navideñas por esa entidad.
En un video divulgado por el Gobierno en septiembre de 2016, Morales relató que, desde Estados Unidos, donde su hijo estudiaba, este había retornado a Guatemala para declarar ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y que de igual manera su hermano se había acercado al ente investigador.
“Respetamos a las instituciones responsables de impartir justicia en nuestro país y bajo ninguna circunstancia interferiremos en su actuar”, dijo Morales junto a la primera dama, Patricia Marroquín.
Casi un año después, el 27 de agosto del 2017 y tras develarse una investigación del MP y CICIG por la posible recepción de financiamiento electoral ilícito del partido FCN-Nación y por lo que requirieron un proceso de antejuicio contra él, el Presidente accionó en contra del comisionado Iván Velásquez declarándolo non grato.
Días antes de intentar expulsar al jefe de la Comisión, Morales visitó al secretario general de la ONU, António Guterres, pero no pidió su cambio. La Corte de Constitucionalidad (CC) frenó su actuar y le ordenó solventar las discrepancias por medio de los mecanismos que establecía el acuerdo con Naciones Unidas, permitiendo que Velásquez permaneciera en el país.
Luego, el 31 de agosto de 2018, el Presidente anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, contraviniendo, como en otras acciones previas, lo expuesto en aquella carta enviada a Naciones Unidas en 2016, situación que reafirmó en enero de este año, cuando decidió terminar unilateralmente el mandato de la Comisión y dar unas horas para que sus funcionarios abandonaran el país.
MORALES SE CONVIRTIÓ EN EL PRINCIPAL OPERADOR ANTI-CICIG
Para el analista independiente, Renzo Rosal, el cambio de postura del Presidente tiene que ver con varios factores y en esa línea destacó el caso penal en el que están involucrados José Manuel Morales y Samuel Morales.
Asimismo, dijo que otro “factor clave” fue el pulso o la presión que el Presidente recibe, gradualmente, pero con mucha fuerza, de actores de poder, quienes comenzaron a ver en la CICIG a su “gran enemigo”.
“Jimmy Morales, herido él en lo particular en el seno familiar y con la presión de esos actores que son clave para sus mínimos elementos de gobernabilidad, se convierte de un actor de no respaldo a la CICIG, pero por lo menos neutral, a ser el principal portavoz, el principal operador de la lucha anti-CICIG”, añadió el politólogo.
Rosal consideró que sí hubo conflicto de intereses de Morales al no renovar el mandato de la CICIG, por los casos de financiamiento electoral ilícito que involucraban al partido oficial y la investigación en contra de sus familiares, aunque también advierte que podrían existir más anomalías que sin la Comisión en el país no se conocerán.
“Los casos de financiamiento electoral ilícito en donde él está en persona involucrado, probablemente, y algunos otros miembros de su familia (no el hermano y el hijo), son temas que lo que buscaba el Presidente es lo que ahora se está haciendo: que no salieran a luz pública”, subrayó el politólogo.
Según el experto esto es otro elemento, que no tiene que ver con su hermano o hijo, el cual se convierte en un asunto de una naturaleza más fuerte, una razón poderosa para que él haya emprendido esta “cacería”.
Para el analista independiente, no hay esperanza para la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país luego de la salida de la Comisión y afirmó que, si bien los avances alcanzados no se entierran del todo porque queda cierta energía guardada, esta es muy pequeña.
“Es otro capítulo de los varios que Guatemala tiene de historias inconclusas, de momentos de respirar aires distintos, pero después viene la lógica al revés, viene el proceso de contrarreformas, esto tendría que ser sostenible a lo largo de más tiempo”, puntualizó Rosal.
“Las circunstancias fueron cambiando y tal como lo vemos, el Presidente, incluso, se convirtió y ejerció liderazgo en todo el proceso de salida de CICIG”.
Pablo Hurtado, Asies
ASIES: LAS CONDICIONES ERAN DIFERENTES
A criterio de Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), las condiciones cuando Morales solicitó la prórroga del mandato eran diferentes a cuando pidió, primero, el cambio de comisionado y, segundo, la terminación del mandato.
“Las circunstancias fueron cambiando y tal como lo vemos, el Presidente, incluso, se convirtió y ejerció liderazgo en todo el proceso de salida de CICIG”, agregó el experto.
En esa medida, el analista dijo que fue relevante para que se diera ese cambio de postura en el caso penal en contra de su hermano e hijo y las posteriores investigaciones en las que existían indicios de su presunta responsabilidad.
“Era predecible que no iba a hacer una serie de actos a favor de la continuidad de la CICIG, sino por lo contrario, hasta lo que ahora estamos, que es la salida de la CICIG, a raíz de esos casos donde ya involucraron a su familia y a él personalmente”, expuso Hurtado.
Consultado si el Presidente tuvo un conflicto de intereses al no renovar el mandato de la CICIG, tras los casos contra familiares, allegados y él mismo, el entrevistado comentó que al mandatario le correspondía la dirección de la política exterior, y reiteró que era predecible que esa situación se iba a dar.
Además, Hurtado indicó que es lamentable la decisión de terminar el mandato la CICIG, porque el Sistema de Justicia sí requiere un apoyo como el que estaba brindando la Comisión.
“Es un sistema muy débil y sí requiere fortalecimiento para lograr mayor eficacia, eso pasa por las reformas constitucionales, por el propio reglamento de la Ley de Carrera Judicial, la carrera fiscal, en sí hay una serie de elementos que es necesario que tanto Ejecutivo, como Congreso y el Organismo Judicial se pongan de acuerdo para lograr ese fortalecimiento”, concluyó el profesional.
En amparo se argumentaba el conflicto de intereses
Tras el intento del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al comisionado Iván Velásquez, activistas, el PDH Jordán Rodas y otros, han accionado en distintas ocasiones en la Corte de Constitucionalidad para frenar el actuar del mandatario, y uno de ellos ha sido el abogado Alfonso Carrillo, quien en una solicitud de amparo argumentó sobre el conflicto de intereses de Morales para tomar decisiones relacionadas a la CICIG.
“De acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 b) de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, dentro de las prohibiciones está la de “utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo en las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros”, indicó en un comunicado sobre el amparo presentado en la CC el 25 de agosto de 2017.
Para sustentar esto, hace referencia a los casos penales que involucran al hijo y hermano del mandatario, así como al de financiamiento electoral ilícito al partido oficial FCN-Nación.
“Presidente de la República se encuentra obligado a defender, garantizar el funcionamiento y proteger a la Comisión, independientemente de sus intereses personales, familiares y políticos, por lo que tiene prohibición legal de solicitar al Secretario de la Organización de Naciones Unidas la remoción del Comisionado y la redirección de las investigaciones, sin violentar distintas normativas nacionales y las de carácter internacional en materia de derechos humanos”, concluye Carrillo.
