Por Cristian Velix
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El diputado Estuardo Galdámez no se presentó esta mañana para entregar sus pruebas de descargo por la solicitud de retiro de antejuicio en su contra, por su posible implicación en los hechos investigados en el Caso Tigo.
En ese contexto, el congresista presentó una excusa para ausentarse a la citación en la Sala Segunda de Mayor Riesgo, remitiendo un certificado médico en el que aducía tener problemas estomacales.
Ante esa situación, el magistrado de ese órgano jurisdiccional, Santos Sajbochol, quien realiza las diligencias de posible levantamiento de inmunidad del parlamentario, deberá programar una nueva audiencia para que Galdámez desvirtúe los señalamientos en su contra por la mencionada carpeta judicial.
Por su parte, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ya ratificó, el 26 de julio pasado, que se le retire el antejuicio al actual legislador.
Esa unidad de investigación del Ministerio Público (MP) lo señala en este caso de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, violación a la Constitución, como también de cohecho pasivo.
De igual manera, la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), ente que colaboró en las averiguaciones de este expediente, interpusieron una nueva petición de solicitud de retiro de antejuicio en contra de Galdámez por su supuesta vinculación en el Caso Asalto al Ministerio de Salud.
El legislador perderá la inmunidad el 14 de enero del 2020, después de que fuera vencido en los comicios del 16 de junio pasado, cuando participó como candidato a la presidencia por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
LAS PESQUISAS
Las investigaciones en el Caso Tigo indican que el diputado fue parte de los congresistas que recibieron pagos por aprobar un conjunto de leyes, esto por órdenes de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien, según los entes investigadores, canalizaba esos sobornos.
La FECI y la CICIG explican que parlamentarios recibieron coimas cada dos meses por una cantidad de Q50 mil, entre los que se encontraban aportes anómalos que provenían, presuntamente, de la empresa Tigo, entidad que, aparentemente, se benefició con la aprobación de una normativa.
