POR HEDY QUINO
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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acudió a una audiencia de la Comisión Pesquisidora del ministro de Economía, Acisclo Valladares, a ratificar la denuncia en contra del funcionario por su posible implicación en el Caso Tigo.
En la declaración de una de las investigadoras de la CICIG, se detalló que el funcionario participó en la aprobación de la “Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos”, también conocida como Ley Tigo, la cual se hizo a cambio de dádivas de Q50 mil bimensuales a cada diputado que votó a favor de la normativa, según las pesquisas.
Durante la audiencia, la CICIG explicó que dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios de la telefonía Tigo, Acisclo Valladares Urruela -actual ministro-, Mario David López Estrada y Luis Fernando José Valladares Guillén con la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
Además, se señaló que Valladares lideró una reunión con Baldetti con empresarios de dicha telefonía, horas antes de que los diputados aprobaran la Ley Tigo.
DIPUTADOS CUESTIONAN INVESTIGACIÓN DE LA CICIG
En la audiencia los diputados de la Pesquisidora, Aníbal Rojas, Juan Manuel Giordano y Flor de María Chajón cuestionaron la investigación de la CICIG y la posible implicación de Valladares en el Caso Tigo.
Rojas cuestionó el hecho de que la denuncia que originó la investigación se hizo por una denuncia de una persona que la CICIG y el Ministerio Público (MP) resguardan su identidad por seguridad. “No puede haber una denuncia anónima, pues una denuncia debe tener nombre y apellido, eso nos da ciertas dudas”, dijo.
El diputado también aseveró que duda de las declaraciones de los testigos del caso, entre ellos asesores de diputados y agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad -SAAS-. “Nos queda mucho por indagar”, añadió Rojas.
