Por Eder Juárez
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El presidente Jimmy Morales argumentó en el informe circunstanciado que presentó por el amparo interpuesto por tres excancilleres, el activista Manfredo Marroquín y el Procurador de los Derechos Humanos, que si por decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) se le ordena que deje de cumplir con una de las funciones que la Constitución le impone como Presidente, será su decisión si acata órdenes que a su consideración están fuera de la ley.
El amparo estaba dirigido en contra del Presidente, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, por la amenaza de que Morales firmara un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para nombrar a Guatemala “Tercer País Seguro”.
La CC otorgó el amparo provisional y señaló que el mandatario no puede firmar un acuerdo de este tipo sin que antes sea conocido y ratificado por el Congreso de la Republica.
De acuerdo con el auto de la resolución de la Corte, Morales argumentó que la amenaza que invocan los amparistas es “un acto que podría conllevar la violación de normas constitucionales, pues pretenden por medio del amparo que deje de cumplir con las funciones que constitucionalmente le corresponden”.
No obstante, el pasado 14 de julio, en un comunicado emitido por el Gobierno, señaló que se había reprogramado la reunión que Morales sostendría con su homólogo norteamericano, Donald Trump.
“Debido a las especulaciones surgidas y las acciones legales interpuestas, admitidas para su trámite por la Corte de Constitucionalidad se decidió reprogramar el encuentro bilateral hasta conocer lo resuelto por dicha corte. El Gobierno de la República reitera que en ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro”, indicó en el comunicado el Gobierno.
Además, indicaron que la cita era para dar seguimiento a la agenda bilateral entre ambos países. En el comunicado hicieron referencia a la cooperación entre Estados Unidos y Guatemala; además, se destacan como “el principal aliado” regional de la lucha contra amenazas conjuntas.
ORELLANA: EL GOBIERNO TRATÓ DE AMILANAR A LA CC
De acuerdo con Gabriel Orellana, la Corte tenía obligadamente que resolver después de recibir el informe circunstanciado tanto del Presidente como la de sus Ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores. Punto segundo es que consecuentemente el comunicado publicado por el Gobierno salió antes de que la Corte resolviera.
“Entonces ellos –Gobierno- iban anticipándose, esa advertencia del informe circunstanciado del Presidente, es una frase en la que pretende meterle miedo a la Corte de Constitucionalidad (CC), además en aquel momento no se conocía la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de cancelar la cita, y sí no era ese el motivo por qué cancelaron el viaje. Ellos –Gobierno- trataron de amilanar a la Corte, sino además lanzarle un mensaje al Gobierno de los Estados Unidos de que todavía podían hacer algo” refiere Orellana.
A decir del excanciller, la Corte no le dice al Presidente que deje de hacer o que no haga porque efectivamente no pueden hacerlo, la Constitución es muy clara, él dirige las relaciones internacionales, “lo que le están diciendo es que, usted en el ejercicio de las facultades que le da la Constitución tiene que someter cualquier tratado de esta magnitud al conocimiento del Congreso de la República porque usted no podría válidamente disfrazarlo de un convenio simplificado”.
