Por Eder Juárez
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En la Corte de Constitucionalidad (CC) se llevó a cabo una vista pública para que se deje sin efecto en definitiva el acuerdo Gubernativo 2-2019 en el que se declara por terminado el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En la audiencia los grandes ausentes fueron: el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La vocera del MP, Julia Barrera, informó que la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal: evacuó la audiencia de vista pública por escrito. El memorial fue presentado el pasado viernes 12 de julio en la Corte de Constitucionalidad.
En la vista, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas y la abogada de la Comisión Jennifer Bravo pidieron a la Corte que se otorgue amparo definitivo y se declare sin lugar el acuerdo firmado por el presidente Jimmy Morales, la canciller Sandra Jovel y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.
Rodas indicó que la decisión del Presidente fue un acto arbitrario e ilegal. El 7 de enero de este año, Morales anunció la terminación inmediata del convenio que dio vida a la CICIG y la Canciller, de igual manera en Nueva York, el acuerdo fue publicado hasta el día siguiente.
“Sentido común, cualquier estudiante que lo acaecido el 7 de enero carecía de sustento legal alguno porque el diario oficial decía que el mismo 8 cobraba vigencia. Pero aparte viola lo establecido en los artículos 149 y 151 de la Constitución Política, relacionado a cómo deben ser las relaciones internacionales, estamos en un Gobierno democrático en donde existe la división de poderes, no es una monarquía donde el Presidente disponga, lamento mucho que la autoridad impugnada no esté presente”, manifestó el magistrado de Conciencia.
Además, indicó que al momento de dictar sentencia se declare con lugar la presente acción de amparo y en consecuencia se declare sin efecto el acuerdo 2-2019, “para sentar precedentes de que no hay nadie superior a la Ley”.
VIOLA LA CONSTITUCIÓN Y LA CONVENCIÓN DE VIENA
Por su parte, la mandataria legal de la CICIG, María Inés Bravo, indicó que la decisión adoptada por el Presidente de la República al momento de decretar que la Comisión cesará con sus funciones, se observa una grave violación no solo la Constitución Política de la República, sino a la Convención de Viena.
Según CICIG, se evidencia el mal uso o errónea interpretación que se pretende realizar por parte del Presidente así mismo de la Ministra de Relaciones Exteriores de la Convención de Viena, sobre los Tratados, puesto que en este momento existe dentro del Convenio de CICIG una forma de solución de controversias.
Por ello, la CICIG solicitó al pleno de la CC, que se permita continuar con las negociaciones entre las partes, es decir el Gobierno de Guatemala con Naciones Unidas, para decidir si se renueva o no el convenio de la Comisión que hasta el momento las partes no han tomado acciones ni manifestaciones respecto al proceso y se adhieren a la petición del PDH para que se anule el acuerdo en mención.
