Por Eder Juárez
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Excancilleres presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del presidente Jimmy Morales y los ministros de Gobernación, Enrique Degenhart y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, para que se abstengan de firmar el Acuerdo con los Estados Unidos que convertiría a Guatemala en un Tercer País Seguro.
De acuerdo con los exdiplomáticos, Morales obrando al tenor de lo dispuesto en los artículos 193 y 194 de la Constitución Política, por medio de sus Ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores, ha venido negociando en las últimas semanas con los gobiernos de los Estados Unidos, México, El Salvador, y Honduras, posibles soluciones para la problemática originada de lo que se ha dado en llamar la “migración irregular”; originada en los países centroamericanos que conforman el “Triángulo Norte” y que van con destino a los Estados Unidos.
Como resultado de esas negociaciones, se suscribió el “Memorando de Cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional y del Ministerio de Gobernación, que permite abordar la migración irregular”, teniendo como antecedente el Memorando de Cooperación entre los Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras firmado el 27 de marzo de 2019 y el Memorando de Cooperación en Materia de Seguridad Interna entre el Ministerio de Gobernación y el departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. suscrito el 9 de julio de 2014.
Según los exdiplomáticos, tras las negociaciones realizadas por Morales y que hasta el momento han conducido a la suscripción de dichos memorándum, “ha generado la idea de que se pretende hacer de Guatemala un Tercer País Seguro, acorde a los parámetros establecidos en la Convención sobre el Estatus de Refugiados firmada en Ginebra, Suiza, en 1951 y aprobada por Guatemala, con las peligrosas implicaciones que ello le significaría al país, según el señalamiento formulado por el Procurador de los Derechos Humanos”.
El amparo señala: “que siendo las responsabilidades internas e internacionales para nuestro país impredecibles e inconmensurables al adquirir la calidad de Tercer País Seguro, en la forma anteriormente referida, el compromiso con que se vincule a nuestro país no debe ni puede quedar librado al criterio unilateral y absoluto del Presidente, sino que antes bien, su aprobación debe resultar de un amplio y exhaustivo debate, así como de una adecuada fiscalización política y jurídica previa al respecto”.
El documento agrega que “el actual Gobierno concluirá su gestión el 14 de enero de 2020, de manera que cualquier obligación internacional que nuestro país contraiga con motivo del estatus de Tercer País Seguro no solo afectará al que lo suceda sino otros varios de los que los sucedan en el futuro”.
De acuerdo con los amparistas, el Presidente y sus ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores han incumplido con el principio de publicidad de los actos de la administración pública, negándose a informar a cabalidad sobre un tema de suyo peligroso, como dice el Procurador de los Derechos Humanos.
En conclusión, indican que si el Presidente, contraviniendo disposiciones constitucionales, contrajera obligaciones en el tema migratorio valiéndose del subterfugio de los “Acuerdos en forma simplificada”, logrará un doble avieso propósito: eludir el control político del Congreso y evitar el enjuiciamiento jurídico del mismo por la Corte de Constitucionalidad. Consecuentemente, para declarar su nulidad habría que acudir a la jurisdicción de los Tribunales Internacionales, tal como lo expuso la CC.
Los amparistas son: Luis Alfonso Cabrera Hidalgo, Edgar Gutiérrez Girón, Gabriel Orellana Rojas y Francisco Villagrán de León además del economista Ariel Rivera Arias.
MARROQUÍN TAMBIÉN PRESENTA AMPARO
El ex candidato presidencial Manfredo Marroquín, también accionó en la CC en contra de las intenciones del Gobierno de firmar un Acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos.
El amparo fue presentado en contra del presidente Jimmy Morales “por la amenaza cierta, inminente y determinada” de que el mandatario firme el Acuerdo con EE. UU. para otorgar asilos a migrantes, sin contar con la disponibilidad presupuestaria para atender a los miles de refugiados que se pretende asilar, refiere el documento.
Según el amparo, la firma de dicho Acuerdo contraviene las normas que regulan la política exterior de Guatemala al firmar acuerdos que atentan contra la soberanía y la misma Constitución Política de la República de Guatemala.
