Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt
El Juzgado Cuarto de Instancia Penal no dio trámite a una petición de la empresa Tigo de retirar del proceso penal al investigador de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Luis Mejía, por lo que el agente fiscal continuará a cargo del Caso Tigo.
La empresa solicitaba dejar sin efecto la decisión de Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, de no apartar al fiscal del caso, por lo que interpuso una acción de amparo ante la judicatura mencionada.
A pesar de que Tigo no está señalada en el proceso penal, ha promovido impugnaciones y denuncias en contra de los fiscales, según dio a conocer el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Sin embargo, las investigaciones detallan que dos de sus directivos: Luis Fernando Valladares Guillén y Acisclo Valladares, hoy ministro de Economía, entregaron cada dos meses Q50 mil a diputados con el fin de aprobar determinadas leyes.
En esa medida, una de las normativas que explican las investigaciones que se aprobaron por esos pagos fue la “Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos” con las que se benefició a la empresa.
Según las pesquisas, esa forma de operar se dio desde que empezó la legislatura del 2012, cuando inició a gobernar el Partido Patriota (PP).
