Por Eder Juárez
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El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Mario Valenzuela, dijo en el programa radial Con Criterio, que los ataques en contra del TSE empezaron cuando se firmó un convenio con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“El ataque al TSE empezó a partir de que se firmó un convenio con la CICIG, sin embargo, ese convenio interinstitucional se firmó con muchísimas entidades. CICIG colaboró con nosotros en la Unidad de Financiamiento, eran únicamente capacitaciones, tal como lo hizo, pero no tenía nada que ver con las elecciones”, dijo Valenzuela.
Además recordó que “hubo una invasión a la propiedad del Tribunal y somataron las puertas etc.” El magistrado agregó que “el Tribunal no tuvo mayor relación con la CICIG, más que unas capacitaciones a los auditores, sin embargo, a partir de ahí empezaron los ataques, inclusive se dudó del Tribunal y continuó la duda hasta hoy”, señaló.
Al ser cuestionado del porqué hay un descrédito al TSE, Julio Solórzano, magistrado presidente dijo: “no dejemos de ver que son ideas poderosas que están por detrás, lo inician de una forma muy sutil y lamentablemente incurrimos en deficiencias nosotros, las cuales son agrandadas y potencializadas para que se vea de esa manera”.
Solórzano indicó que no se pueden controlar esas mentes y esas acciones, “no lo digo de una persona en particular sino de grupos, ustedes pudieron ver acciones de grupos de personas, este sábado había como 50 personas, pero lo magnifican, hacen tomas en las cuales pareciera que es una cantidad increíble”.
FIRMARON CONVENIO EN MEDIO DE ZAFARRANCHO
En agosto de 2018, en medio de un zafarrancho, opositores a la CICIG interrumpieron la firma del convenio entre el TSE y el ente investigador.
Entre los involucrados ese día estaban el director de Vea Canal, Otto Rottman y la cubana Bárbara Hernández, que publica sobre asuntos guatemaltecos en redes sociales, así como miembros de Guatemala Inmortal y de la Fundación contra el Terrorismo, quienes ingresaron al salón donde se iba a desarrollar una actividad del TSE, que fue suspendida. Los inconformes alegaban ilegalidades en la firma del convenio.
