Roberto Barreda es señalado de tres delitos. Es el principal sospechoso de la muerte de su esposa, Cristina Siekavizza, desaparecida desde el 2011. FOTO: LA HORA

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

La defensa de Roberto Barreda interpuso otro amparo en la Sala Primera de Mayor Riesgo en el proceso del Caso Siekavizza. Este es el segundo recurso de este tipo que se presenta por parte del acusado, luego de que fuera enviado a juicio el 1 de mayo pasado por la desaparición y posible asesinato de Cristina Siekavizza.

En este documento la representación del señalado alega que Miguel Ángel Gálvez, juzgador que conoció las primeras etapas del proceso penal, no atendió las peticiones realizadas por la defensa.

En ese contexto, según Alfredo Vásquez, abogado de Barreda, el titular del Juzgado de Mayor Riesgo «B» no se pronunció acerca de que un asesinato necesita del cadáver, el acta de defunción y el informe médico forense.

Esto, porque a criterio de la defensa del señalado, la acusación del Ministerio Público (MP) no se enmarcaría en el delito de femicidio, uno de los ilícitos por el que él está procesado en el expediente.

Este amparo se suma al que presentó la defensa en la Sala Segunda de Mayor Riesgo, en la que pide que el debate lo conozca el Tribunal de Mayor Riesgo «B», y no el Tribunal de Mayor Riesgo «C», como dictó Gálvez.

En el recurso que busca que el expediente sea trasladado de judicatura al momento del debate, Vásquez indicó que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que detalla que el juicio lo conozca el Tribunal que preside Irma Valdés y no el que dirige Pablo Xitumul.

A CASI OCHO AÑOS DE LA DESAPARICIÓN

Cristina Siekavizza fue vista por última vez el 6 de julio de 2011. Hasta la fecha no ha sido ubicada, por ello la Fiscalía señala a Barreda de ser el principal sospechoso de su desaparición y de su posible asesinato.

El MP le atribuye a Barreda los delitos de femicidio, obstrucción de justicia y maltrato contra menores de edad.

Su madre, Ofelia de León, antigua presidenta de la CSJ, también es acusada en el caso por el ilícito de amenazas, esto por presuntamente intimidar a Olga Petrona Say, antigua empleada doméstica de la familia conformada por Barreda y Siekavizza.

Este proceso penal ha tenido un avance lento por la interposición de recursos por parte de los abogados de los señalados, incluso la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que se repitiera la fase de apertura a juicio.

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