Por Cristian Velix
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) trasladó medios de prueba a la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público (MP), con el fin de solicitar la captura de Mario Leal, ex vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ubicado en los Estados Unidos.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) indicó que Leal había sido localizado en Washington, por el Departamento de los Estados Unidos, en una misiva remitida el 24 de mayo pasado.
De esa manera, el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, dijo que de momento se está agotando el trámite administrativo en Guatemala, a favor de la detención con fines de extradición del también empresario.
“En el momento en que las autoridades judiciales tomen la decisión, por la vía diplomática, tendrán que requerirlo a las autoridades estadounidenses”, agregó el jefe de esa unidad de investigación del Ministerio Público (MP).
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Inicialmente, cuando fue ubicado, Interpol manifestó a la FECI que Leal había sido capturado, sin embargo, posteriormente, aclaró que el excandidato únicamente había sido “localizado”, por lo que su aprehensión no se confirmó en los Estados Unidos.
Por esa situación, la UNE, incluso, pidió a la fiscal general, Consuelo Porras, que Sandoval fuera destituido.
HECHOS EN CONTRA DE LEAL
La FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) vincula al antiguo integrante del mencionado partido político en los casos “Traficante de Influencias” y en el de “Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE 2015”.
En el primer caso, los entes investigadores lo señalan de ser parte de una estructura ilegal que se benefició del cobro, en comisiones, de alrededor de Q19 millones, por agilizar la devolución del crédito fiscal a un conjunto de empresas.
Las actividades que Leal aparentemente realizaba en la red eran la captación de clientes para la devolución del crédito fiscal, entre ellas, según las pesquisas, las empresas Maya Quetzal, Reforestadora de Palma del Petén (REPSA), Pronindusa, MAG Alcoholes, Ingenio Magdalena y Productos y Servicios Azucareros.
En el segundo caso, las investigaciones explican que el aspirante a la Vicepresidencia en el 2015 con el partido UNE, pudo haber incurrido en el delito de financiamiento electoral no registrado, ya que el partido que lo postulaba no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) gastos de campaña por cerca de Q20 millones.
