Por: Cristian Velix
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a los jueces pesquisidores que conocerán las solicitudes de retiro de antejuicio de los seis diputados señalados en el Caso Tigo, una investigación realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en la que se evidenciaba presuntos sobornos desde el Ejecutivo al Legislativo para la aprobación de leyes entre 2012 y 2014.
De esa forma los magistrados de Sala de Apelaciones, a quienes se remiten los expedientes para que elaboren un informe y que con base a él, la CSJ determine si se retira la inmunidad a los congresistas, quedó distribuida de la siguiente manera:
Boris España – Aura Mansilla (Sala Primera de Apelaciones)
Haroldo Quej – Elisa Pellecer (Sala Cuarta de Apelaciones)
Gustavo Medrano – Mynor Oxom (Sala Primera de Mayor Riesgo)
Juan José Porras – Néctor de León (Sala Cuarta de Apelaciones)
Estuardo Galdámez – Santos Sajbochol (Sala Segunda de Mayor Riesgo)
Marco Antonio Orozco – Anabella Cardona (Sala Primera de Mayor Riesgo)
La distribución de los requerimientos de retiro del antejuicio de los legisladores se da luego de que el pleno de magistrado de la CSJ, diera trámite a las solicitudes hechas por los entes investigadores.
De igual manera la más alta corte del Organismo Judicial (OJ) le dio trámite a la solicitud de retiro de antejuicio del ministro de Economía, Acisclo Valladares, no obstante, en este caso será el Congreso el que determine la procedencia de la petición de la FECI y la CICIG.
INVESTIGACIÓN
Según las pesquisas, los diputados recibieron órdenes de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, con el fin de impulsar leyes a cambios de dádivas, entre ellas, pagos bimensuales de Q50 mil. En uno de los casos individualizados por la Fiscalía, los legisladores aparentemente recibieron sobornos provenientes de la empresa TIGO.
Esas acciones se desarrollaron entre el 2012 y 2016, y habría permitido la “Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos”, con la que, según la FECI y CICIG, se benefició la empresa de comunicaciones aludida.
