Ex ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela. Foto: La Hora

POR HEDY QUINO
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El Congreso de la República aún no ha sido notificado por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del antejuicio en contra del ministro de Economía, Acisclo Valladares, por su posible vinculación al caso de corrupción conocido como la Ley Tigo, luego de que ayer esa Corte le diera trámite al expediente.

Al ingresar dicha notificación al Legislativo, la Comisión Permanente del Congreso, la cual está integrada por miembros de la Junta Directiva, deberá elegir a tres de sus representantes para que conozcan el antejuicio, esto por encontrarse en receso el Congreso.

De acuerdo con la Ley en Materia de Antejuicio, cuando el Legislativo se encuentra en período extraordinario –receso– los tres diputados que designe la Permanente serán los que conformen la Comisión Pesquisidora de Valladares, y serán ellos los que emitan un informe al Pleno, en el que recomendarán si es pertinente o no el retiro de antejuicio al funcionario.

DAN TRÁMITE ANTEJUICIO

Ayer la CSJ dio trámite a las solicitudes de antejuicio presentadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares, el expresidenciable de FCN-Nación, Estuardo Galdámez y en contra de los diputados Boris España, Juan José Porras, Haroldo Quej, Gustavo Medrano y Marco Antonio Orozco, por estar señalados en el Caso Tigo.

La solicitud de antejuicio contra Valladares es por posiblemente incurrir en los delitos de asociación ilícita y cohecho activo.

EL CASO

Según investigaciones del MP y la CICIG, en 2014 el Congreso aprobó la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, conocida como la Ley Tigo, a cambio de sobornos de hasta Q50 mil bimensuales a diputados.

De acuerdo con las pesquisas, la normativa fue hecha para favorecer a la telefonía Tigo, por lo que esta fue elaborada en conjunto por representantes de dicha empresa y por diputados que siguieron las instrucciones que les giró la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

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