/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 82Por SONIA PÉREZ D.
The Associated Press
SAN MARCOS, Guatemala (AP)
Haber estado al borde de la muerte en el desierto de Arizona hace un año y que pronto habrá más presencia policial en el sur de México no disuadirán al guatemalteco Francisco Pérez de intentar nuevamente migrar a Estados Unidos.
El maestro y mecánico de 23 años, quien vive en San Marcos, unas pocas millas al este de la frontera con México, espera regresar para pagar los US$7 mil que debe del primer viaje. En aquella travesía la Patrulla Fronteriza lo rescató moribundo junto a otros dos jóvenes tras perderse con un traficante de personas durante una semana en el desierto.
El séptimo día, cuando sufrían una deshidratación severa y se encontraban ocultos entre ramas de arbustos para evitar el sol, recurrieron a beber su propia orina. “Cada uno de nosotros orinamos en una botella y luego la forzamos con la esquina de nuestros pantalones”, relató Pérez frotándose las manos mientras recordaba el día que pensó sería el último de su vida.
El mismo coyote llamó al 911 para que fueran rescatados. Pérez aún recuerda que los patrulleros le mostraron fotos de migrantes que no tuvieron su suerte y que habían muerto en el desierto.
El guatemalteco pasó dos días en un hospital y casi un mes detenido antes de ser devuelto a Guatemala. Durante su corta estancia en Arizona vio casas sólidas, caminos ordenados y asfaltados y tiendas de lujo. Esas imágenes son como una sirena que lo llama.
Antes de partir ganaba US$100 al mes como maestro en un colegio privado y tenía novia. Ahora no tiene empleo, la novia está con alguien más y él ayuda en el taller de reparación de automóviles de su padre. “Al final lo perdí todo”, dijo.
México ha prometido desplegar a 6 mil oficiales de la Guardia Nacional en su Frontera Sur para disuadir a los centroamericanos y migrantes de otros países de buscar el sueño americano. Más del 1 por ciento de la población de Guatemala ha abandonado el país este año como parte de una ola de centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron a 132 mil 887 migrantes de varias nacionalidades en mayo, la cifra mensual más alta en más de una década. México ha aceptado desde enero a más de 10 mil solicitantes que quieren ir a Estados Unidos bajo un programa que requiere que los migrantes esperen en México mientras sus casos pasan por los tribunales estadounidenses. Miles también han solicitado asilo para comenzar una nueva vida en México.
Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo la semana pasada que establece, entre otras cosas, que a cambio de que el gobierno estadounidense no imponga aranceles a los productos mexicanos el país azteca reforzará su Frontera Sur con guardias nacionales para tratar de frenar a los migrantes.
Un mayor control por parte de México podría significar más inspecciones de autobuses, redadas en hoteles y arrestos para cortar las redes de tráfico de personas. La semana pasada México arrestó a dos activistas migratorios y congeló las cuentas de más de dos docenas de personas que supuestamente habían organizado caravanas de migrantes.
Hasta ayer ninguno de los presidentes del Triángulo Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador– había hablado del tema.
Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, pidió al gobierno de su país que cumpla su mandato “en un marco de respeto y protección a los derechos humanos de todas las personas sin importar su nacionalidad” luego de que surgiera información de que Guatemala estaría proponiendo una modificación del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad –que permite que los centroamericanos ingresen libremente a cualquier país de la región– con el fin de impedir la migración.
“Estamos realmente frente a una tragedia humanitaria”, dijo la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, a CBS News el domingo.
No muy lejos de San Marcos, en la aldea La Unión Los Mendoza, en el departamento de Quetzaltenango, una de cada tres personas ha migrado, según el líder comunal Genaro Méndez. La comunidad rural en la que viven unas 600 familias tiene caminos de tierra que se convierten en lodo durante la temporada de lluvias. La mayoría de los residentes subsiste con frijoles, maíz y otros alimentos que pueden cultivar. Las casas tienen luz pero no todas tienen agua potable.
El propio Méndez, de 43 años, pasó 18 trabajando en Estados Unidos como electricista y decidió quedarse en La Unión Los Mendoza después de ser deportado por segunda vez en 2016. Ahora los jóvenes de la comunidad indígena Mam vienen a él para pedirle consejos sobre cómo es la vida en el norte. “Las leyes son un poco difíciles”, les dice. “No te reciben bien” y el viaje en sí está lleno de peligros.
El domingo The Associated Press habló con dos migrantes hondureños que dijeron que funcionarios mexicanos les habían robado el poco dinero que llevaban en un puente entre Guatemala y México. Los migrantes saltaron al río Suchiate para huir de los funcionarios que, dijeron, confiscaron sus documentos de identificación, los golpearon y les pidieron sobornos para pasar a México.
Lo mismo le pasó hace un año a Pérez cuando, según narró, agentes federales le robaron y golpearon en retenes migratorios pero lo dejaron seguir su camino.
En San Marcos, una ciudad con restaurantes, escuelas, tiendas y una pintoresca plaza central bordeada de montañas brumosas, quizás pueda terminar de estudiar abogacía. Pero el dinero que ganaría, dijo, sería apenas suficiente para sobrevivir.
“Uno pasa carencias aquí, si se gana es sólo para comer”, aseguró Pérez. “Dejaría todo para volver”.
