POR HEDY QUINO
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El Ministerio Público (MP) solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) un informe de las auditorias sobre el pago de indemnizaciones que hizo el Congreso contraviniendo la Constitución, dos meses después que la Fiscal General Consuelo Porras anunciara una investigación de oficio.
El pasado 14 de mayo, durante la inauguración de la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, la jefa del MP dijo que desde febrero las pesquisas sobre ese caso han avanzado.
Sin embargo, uno de los auditores de la Contraloría encargado de analizar esos pagos, indicó que en la primera semana de mayo ingresó a su dependencia el requerimiento de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Unidad del MP que lleva dicho expediente.
INFORME PODRÍA ESTAR LISTO EN JUNIO
El funcionario de la Contraloría consultado por La Hora explicó que los resultados de las auditorías se podrían conocer en las primeras semanas de junio y ya no serían parte del Informe Anual de Auditorías 2018, como dijo en su momento el Contralor de Cuentas en funciones, Fernando Fernández.
En declaraciones anteriores Fernández detalló que el caso de las indemnizaciones formaría parte del Informe Anual, el que por Ley la institución presenta cada 31 de mayo.
El auditor que conoce el caso explicó que se analiza por separado cada uno de los pagos que autorizó la Junta Directiva del Legislativo, presidida por Álvaro Arzú Escobar.
Durante las auditorias se tomarán en cuenta si las indemnizaciones se realizaron conforme lo establecido en la Constitución, en la Ley de Servicio Civil del Congreso y en el pacto colectivo de trabajadores de ese organismo, detalló el entrevistado.
De encontrarse alguna anomalía en la forma que se hicieron los pagos, la Contraloría podría accionar contra la Directiva del Congreso de 2018, de tres formas; con una denuncia ante el MP, una sanción o pidiéndoles el reintegro del dinero, explicó el auditor.
OPACIDAD EN INVESTIGACIÓN
Desde que se reveló el pago de las indemnizaciones, los jefes de las Fiscalía de Delitos Administrativos, Melvin Medina y de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo, no acordaban quien debía iniciar una investigación de oficio.
Tras ese incidente, el 20 de febrero, Porras dijo que había girado la instrucción a Medina para que abriera un expediente, pero semanas después se le consultó al fiscal sobre los avances de este, pero dijo no llevar el caso.
Fue hasta que este vespertino publicara la nota “Porras anunció investigación, pero dos fiscalías dicen que no llevan el caso”, cuando el fiscal Medina afirmó que su Fiscalía lleva este caso y que solicitó información a la Contraloría.
Por este caso, la Fiscal General también dijo el pasado 14 de mayo, que reconocía el error que se había cometido al momento de brindar la información sobre los avances de esa investigación de oficio.
INDEMNIZACIONES
La Hora pudo documentar que, a partir del mes de agosto de 2018, la Junta Directiva aceptó la renuncia y autorizó el pago de prestaciones de al menos 20 trabajadores del Congreso de la República contratado como personal 011, con fundamento en dictámenes del Departamento de Nóminas, Prestaciones y Honorarios, contraviniendo artículos de la Constitución y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC).
El artículo 110 de la Constitución Política de la República establece: “ARTÍCULO 110. Indemnización. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de diez meses de salario”.
Pese a esto, la Directiva pagó hasta 50 y 33 años de servicio, en algunos casos se hicieron pagos de Q2 millones 429 mil 524 con treinta y ocho centavos y Q1 millón 314 mil 928.
Para cumplir con los pagos la Junta Directiva acordó tomar recursos propios (ahorros de economías de años anteriores) por la cantidad de Q22 millones 820 mil 758.
