Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt
La defensa de José René Campo-Hinojosa y de Oscar Augusto Guerra Villeda, señalados en el Caso Construcción y Corrupción Fase 2, solicitaron que el proceso en su contra se cerrara, esto al argumentar que había una “extinción de la persecución penal”. Ambos son sindicados del delito de financiamiento electoral no registrado. No obstante, la jueza rechazó la solicitud.
La solicitud fue realizada esta mañana ante la jueza Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”. En la citación judicial los representantes de los sindicados argumentaron que la persecución penal había prescrito, es decir, que se había vencido el plazo para probar la culpa de los señalados.
Entre los argumentos, la defensa citó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que detalla que el Estado debe probar la culpa dentro de un plazo razonable con el fin de asegurar la confianza en la imparcialidad del proceso penal.
No obstante, la Fiscalía indicó que dicha petición era improcedente y pidió que la juzgadora la rechazara. Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), si bien se citó a primera declaración a Hinojosa y Villeda el 14 de agosto de 2018, el proceso penal en el que se les sindica se develó en junio de 2017.
La Fiscalía agregó que no era procedente el incidente presentado por la defensa, debido a que se investigaba a una estructura criminal que se dedicaba a actos delictivos, dirigida por Alejandro Sinibaldi, el exministro de Comunicación señalado en el caso y quien está prófugo de la justicia.
En esa línea, según la investigación, alrededor de Sinibaldi concurrían Hinojosa y Villeda, quienes presuntamente aportaban dinero a la organización en el 2011, cuando Sinibaldi era candidato a la alcaldía metropolitana.
Tales aportes, agregó el ente investigador, eran para obtener “favores” con la adjudicación de proyectos, los cuales, posiblemente, se otorgaron cuando Sinibaldi asumió la jefatura del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), esto en el 2012.
A pesar de la petición de la defensa, la jueza Erika Aifán, decidió no aceptarla, debido a que la prescripción venció al momento de que inició la persecución penal y se abrió el expediente de investigación en el Ministerio Público (MP).
INVESTIGACIÓN
La FECI y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), en otras líneas de investigación señalan que durante la administración de Sinibaldi en el Micivi se agilizó el pago de deuda de arrastre o de nuevos proyectos a favor de empresarios de la construcción, esto tras aparentemente el pago de sobornos.
Las coimas, indican los entes investigadores, se pagaron en empresas de cartón vinculadas al exministro de Comunicaciones, los cuales, añaden las pesquisas, se usaron, incluso, en gastos de campaña política.
