Por Redacción La Hora
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El presidente Jimmy Morales fue señalado en un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos de haber tomado acciones en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tratando de debilitarla y expulsarla, luego de que su hermano, su hijo y miembros de su círculo cercano fueron objetos de investigación.
El gobierno guatemalteco ha dicho en varias ocasiones que es el “gran aliado” de Estados Unidos en la región.
El reporte del Congreso enumera los esfuerzos realizados por Morales para acabar con el mandato de la Comisión, al no renovar su mandato y prohibir la entrada del comisionado Iván Velásquez al país, en desafío a dos fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC) que resolvieron que el presidente carecía de la autoridad para evitar que el comisionado ingrese al país.
Asimismo, el informe señala que la batalla para erradicar las organizaciones criminales que han cooptado al Estado de Guatemala se han acercado casi a un punto muerto desde el 24 de enero de 2019, cuando la Fiscal General canceló la protección policial para el equipo de la Comisión en el país.
Cuando la administración de Morales anunció que Guatemala daba fin al acuerdo que dio vida a la CICIG dio a su staff 24 horas para salir del país, la CC anuló esa decisión, señala el informe.
Las Naciones Unidas, la Unión Europea y organizaciones que trabajan a favor de la transparencia criticaron la decisión de Morales de dar fin al Acuerdo de CICIG y ciudadanos han protestado en contra de la decisión del gobierno y pidieron la renuncia de Morales, señala el documento.
También señala que la ONU mantiene que la Comisión debe seguir con su trabajo en cumplimiento, en cumplimiento a las resoluciones judiciales, pero removió a equipo extranjero porque el gobierno no garantizaba su seguridad. “La administración de Morales, subsecuentemente trató de procesar a los magistrados de la CC”, refiere el informe.
EL APOYO DE EE.UU. A LA CICIG
El documento también destaca el apoyo de Estados Unidos a la Comisión desde que fue creada en 2007, indicando que ha habido un amplio apoyo para la CICIG a lo largo de los años sobre una base bipartidista en el Congreso y a través de varias administraciones.
No obstante, hace mención a que en marzo de 2018, varios miembros del Congreso manifestaron su preocupación sobre un empresario ruso y su familia quienes fueron encontrados culpables de haber comprado pasaportes falsos pero que indicaban que habían sido perseguidos injustamente por la CICIG; como resultado, se congeló un fondo de U$6 millones para la Comisión.
El documento indica que sin embargo, en julio de 2018, el Departamento de Estado anunció que no había encontrado evidencia que apoyara las acusaciones a favor de los rusos y los fondos fueron liberados.
También señala que cuando Morales anunció en enero de 2019 que expulsaría a la Comisión, la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió un comunicado expresando su preocupación por el futuro de la lucha anticorrupción en el país “pero no mencionó las acciones del Presidente en contra de la CICIG”.
ACCIONES DE MORALES BUSCAN PROTEGERLO
Finalmente el informe señala que varios analistas están preocupados de que las acciones de Morales en contra de la Comisión son parte de un esfuerzo más amplio para protegerse él y a otros de la persecución penal y que sus acciones amenazan la frágil democracia de Guatemala.
El Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, ha señalado que si el gobierno no cumple con las resoluciones de la CC que permiten que la CICIG opere en el país, representaría un incumplimiento al Estado de Derecho.
Aunque varias instituciones guatemaltecas han creado mayor capacidad desde que han trabajado con la CICIG, muchas permanecen vulnerables y algunos temen el regreso de la impunidad para el crimen organizado y la corrupción gubernamental.
Otros observadores también han planteado sus preocupaciones de que reducir la actividad de la Comisión antes de las elecciones que se realizarán en junio de 2019 podrían facilitar el financiamiento ilícito de políticos por carteles de la droga y otras organizaciones criminales en Guatemala.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
Al preguntarle a Alfredo Brito, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, sobre el informe, respondió que el Presidente ha sido enfático al mencionar que la lucha contra la corrupción no es exclusiva de un organismo internacional o una institución en particular.
“La lucha contra la corrupción debe ser un compromiso de todos los funcionarios públicos y las instituciones a las que representan, el Presidente siempre ha promovido la honorabilidad y transparencia desde la presidencia”, manifestó.
Esta nota fue modificada a las 9:24.
