Por Denis Aguilar
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Los activistas José Manuel Martínez y Claudia Samayoa, de JusticiaYa y de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua), pidieron hoy al Ministerio Público el cierre de la denuncia interpuesta en su contra por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Néster Vásquez, la cual consideran espuria y sin fundamento.
Vásquez, en representación del pleno de la Corte, denunció el pasado 1 de marzo a los activistas por una supuesta sustracción de documentos y tráfico de influencias, esto relacionado al caso de una denuncia contra 11 magistrados de la CSJ por haber declarado con lugar un antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, la cual tuvo que haber sido desestimada por improcedencia, según las organizaciones sociales.
José Manuel Martínez, aseguró que la CSJ actuó de esa forma para detener los esfuerzos fiscalizadores de las organizaciones, ya que este tipo de acciones ha afectado los planes de los magistrados.
“En varias ocasiones, acciones legales han logrado detener procesos en detrimento democrático que han emprendido algunas autoridades del país”, dijo.
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Claudia Samayoa señaló que la Corte acusó sin fundamento y que se trata de una “clara revancha” debido a la denuncia que interpusieron contra los magistrados de la CSJ, por haber dado trámite al antejuicio contra los togados de la CC.
“En lugar de meterla en la Oficina de Atención Permanente (la denuncia) como lo haría cualquier ciudadano, la emiten directa a la Fiscalía contra la Corrupción”, dijo, añadiendo que esta instancia del MP debió cerrar de oficio la denuncia ya que no hay elementos de acción penal.
Samayoa aseguró que la Corte Suprema de Justicia ratificó la denuncia, a través de Nester Vásquez, señalando que a 83 días esta no ha sido sobreseída por la Fiscalía contra la Corrupción.
“Todo lo contrario, sigue abierta a pesar de las denuncias internacionales y de ofrecimientos privados de la Fiscal General de que está cerrado. Queremos aclarar que la denuncia sigue viva, sigue ratificada y la Corte Suprema de Justicia ha interpuesto medios de convicción en donde hay dos delitos que persigue”, declaró.
Según explicó también: “que en el mundo no existe ninguna Corte Suprema de Justicia que haya puesto denuncia contra ningún ciudadano o defensor de derechos humanos. Este es un precedente preocupante para el mundo entero”.
Álvaro Montenegro, de la Alianza por las Reformas, mencionó que debe ser prioridad de la Fiscalía cerrar este caso, ya que son “notoriamente espurios” y que este se trata de un proceso de criminalización contra los defensores de derechos humanos.
Los representantes de las organizaciones dijeron que los magistrados están usando este tipo de casos para congraciarse con la “alianza criminal”, debido a que buscan su reelección en la próxima elección de Cortes. También señalaron que podría haber tráfico de influencias en este caso.
RESPUESTA DE LA CORTE
La Hora pidió una postura a la Corte Suprema de Justicia por este caso, a lo que el vocero de la entidad, Mario Siekavizza, respondió que son respetuosos de los procesos.
“El Organismo Judicial es respetuoso de la Ley y del Debido Proceso, oportunamente se manifestó sobre tal extremo y serán los órganos competentes los que resolverán según corresponda”, indicó.
