Por Redacción La Hora
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Luego de conseguir medidas restrictivas contra los fiscales que llevaron un caso por financiamiento ilícito en su contra, ahora la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, realiza una acción similar, ahora con editores de el Periódico y haciendo uso de la ley contra el femicidio.

Según la información del matutino, Torres denunció por femicidio a los editores de nacionales, deportes, cultura, fotografía, investigación y diseño de elPeriódico, incluso contra la Gerente de Ventas, lo cual según el matutino es jurídicamente es imposible, ya que una mujer no puede cometer violencia contra otra mujer.

De acuerdo con elPeriódico, aunque una jueza ordenó el archivo del caso por considerar que las acciones se encuentran en la Ley de Emisión del Pensamiento, Torres presentó una apelación que fue aceptada por los integrantes de la Sala Segunda de Apelaciones (Rafael Morales, Franc Armando Martínez Díaz y Fredy López Contreras) quienes ordenaron que se revierta el fallo de la jueza de Femicidio, Neldy Vanessa Rodríguez.

Torres solicitó a la jueza que decretara medidas restrictivas a los miembros del Directorio de elPeriódico, para prohibir publicaciones en su contra y evitar otras sobre su familia, refiere el matutino.

Esta no es la primera vez que la candidata presidencial de la UNE utiliza la Ley de Femicidio a su favor, ya que también utilizó la referida normativa, creada para defender a mujeres víctimas de violencia de género, para que se ordenaran medidas a modo de que los fiscales Juan Francisco Sandoval y Andrei González, de la Fiscalía Especial no puedan acercársele.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado rechazando la acción de la candidata presidencial, indicando que muestra su evidente animadversión hacia medios críticos y su determinación para emplear de forma maliciosa las leyes para intentar censurar los comentarios en su contra.

También indicaron que el acoso judicial en contra de medios de comunicación y periodistas no solo afectaría la labor de los denunciados sino que podría tener un efecto amedrentador en otros miembros de la prensa y en un futuro instaurar una autocensura generalizada

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