POR HEDY QUINO
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Tras el “Caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, una expresión de la captura del Estado”, que reveló el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el que señala que el Congreso del 2014 habría beneficiado a la empresa de telefonía Tigo con la aprobación de una Ley a cambio de coimas, se revisó el listado de votaciones, proporcionado por la Dirección Legislativa, el cual registra que la mayoría de congresistas que pertenecerían a la aplanadora de los cancelados Partido Patriota (PP) y Lider, fueron los que votaron a favor de la “Ley Tigo”.
De acuerdo con el documento, fueron 96 diputados que emitieron su voto para la aprobación de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, conocida como la “Ley Tigo”.
De este número, 32 diputados pertenecían al bloque Lider, 45 eran del PP, 3 de TODOS, 7 de Compromiso, Renovación y Orden (CREO), 4 Independientes, 3 de Gran Alianza Nacional (GANA), 1 de Unión del Cambio Nacional (UCN) y 1 del Partido Avanzada Nacional (PAN).
Actualmente, 36 de los diputados que votaron en ese entonces, quienes eran del PP y LIDER, continúan en el Congreso y pertenecen a otros bloques, entre estos: FCN-Nación y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
EL CASO
Ayer el MP y la CICIG develaron cómo la empresa de telefonía Tigo habría sobornado a diputados para que se aprobara una Ley dedicada a esta entidad, pues fue elaborada con las instrucciones de esa institución y de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, quien habría coordinado desde el Congreso la votación a favor.
“De los hallazgos de la investigación se derivó que la promesa de dádiva correspondía a pagos bimensuales de Q50 mil por diputado, dinero que era entregado en efectivo y en maletas remitidas a personal de confianza de la entonces vicepresidenta Baldetti, de manos de los altos directivos de la empresa de telecomunicaciones, Tigo, Acisclo Valladares Urruela y Luis Fernando Valladares Guillén, en la oficina principal de dicha entidad”, señala la investigación.
“Desde la Vicepresidencia, el dinero era repartido a través de algunos diputados de confianza que eran denominados entre ellos como “jefes de línea” o “brochas”. Estos, además de estar encargados de la repartición del dinero al resto de diputados, (pagos referidos por los mismos como “las champurradas”), también se encargaban de trasladar las instrucciones que emanaban de la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías. Esta forma de operar se dio desde que inició la legislatura 2012-2016, lo cual permitió aprobar determinados paquetes de leyes”, agregan las pesquisas.
Derivado de esa investigación, el MP solicitó retirarles el derecho de antejuicio a los diputados: Estuardo Galdámez, candidato presidencial de FCN Nación, Juan José Porras, Marco Antonio Orozco, Haroldo Quej, Arnoldo Medrano, Mirma Magnolia y Boris España, para que se inicie una investigación, pues se tienen indicios de que estos fungían en la estructura como “jefes de línea”.
Ver en página 29 el listado completo de los diputados que votaron a favor de la mencionada Ley en 2014.
