Por: Cristian Velix
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La candidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, interpuso una recusación con la que detuvo la audiencia de oposición en la que el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval y el fiscal Andrei González pedirían el levantamiento de las medidas de seguridad con las que se benefició a Torres.
Dicha audiencia de oposición en la que los fiscales argumentarían contra las medidas a favor de la candidata presidencial fue suspendida por la recusación en contra de la jueza Susan Sabrina Salazar Escobar. La citación judicial estaba programada para este sábado 4 de mayo.
La defensora de los fiscales, Vera Guzmán, indicó que accionarán contra la decisión de la togada recusada, por darle trámite al recurso planteado por Torres y no realizar la audiencia.
La razón por la que Torres interpuso el recurso fue por dudar de la imparcialidad de la jueza Salazar, quien había dictado que la presidenciable fuese auxiliada por la Policía Nacional Civil (PNC) en cualquier momento y lugar de la República de Guatemala y que ordenó que los fiscales mencionados no la perturbaran o intimidaran.
Las medidas cautelares ordenadas por el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas Contra la Mujer y Violencia Sexual, a cargo de la jueza Salazar, indican que la candidata presidencial no debe ser perturbada o intimidada, tampoco a su núcleo familiar, de forma personal o a través de cualquier medio de comunicación o red social.
Asimismo, ordena que los “presuntos agresores”, los fiscales Sandoval y González, no puedan acceder permanente o temporalmente al domicilio de la persona agraviada ni a su lugar de trabajo y estudio. Las medidas cautelares fueron ordenadas para tres meses y que el incumplimiento de tales disposiciones sería sancionado hasta con doce años de prisión y Q50 mil de multa.
DENUNCIA
Con anterioridad, Guzmán argumentó que la jueza Salazar no tiene competencia para conocer la denuncia interpuesta en contra de los fiscales, debido a que el Ministerio Público (MP) tipificó el delito como abuso de autoridad y no como de violencia contra la mujer.
Según la abogada, la denuncia de Torres fue trasladada a la Fiscalía de Delitos Internos y no a la Fiscalía contra la Mujer en donde tendrían cabida los señalamientos en contra de sus defendidos, por lo que según la defensora, quedaba fundamentado que no era un delito que se pudiera subsumir dentro de los tipos penales que establece la ley de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer.
POSTURA DE LA UNE
Respecto a la recusación presentada, el secretario adjunto de la UNE, Oscar Argueta, indicó que el tema es jurídico, debe ventilarse ante los tribunales y no en los medios de comunicación, por lo tanto no brindó más detalles.
INVESTIGACIÓN
La denuncia de Sandra Torres en contra de Sandoval y González, se dio luego de una solicitud que hizo la Fiscalía para que se le retirara la inmunidad a la ex primera dama, al señalarla de posible financiamiento electoral no registrado.
