Por Denis Aguilar
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La presión contra el Ministerio Público (MP) aumentó luego de que ayer la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) confirmara que el caso contra Sandra Torres estaba listo para su judicialización desde octubre del año pasado.
La CICIG presentó ayer una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara la solicitud de antejuicio que presentó junto al Ministerio Público contra la presidenciable Sandra Torres y cuatro diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) por un caso relacionado a delitos de financiamiento electoral ilícito.
El antejuicio fue presentado un día después de que Torres adquiriera inmunidad como candidata presidencial, al recibir sus credenciales.
“El caso estuvo listo y presentado por la CICIG y la FECI a la Fiscal General de la Nación para su visto bueno desde el 11 de octubre de 2018, mucho antes que la señora SANDRA JULIETA TORRES CASANOVA adquiriera inmunidades”, dijo la CICIG en su argumentación.
De esta forma, la CICIG aseguró que la demora en la presentación del caso hasta el 5 de febrero de este año cuando ocurrió su inscripción, no “fue una triquiñuela política de la CICIG, como la Corte lo hace ver en su resolución”, agregando que esto en lugar de perjudicar a Torres, la benefició.
MAL DESEMPEÑO DE LA FISCAL
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló hoy que la Fiscal General realizó un mal desempeño en este caso, asegurando que la pone en una situación complicada, ya que tomó una decisión tardía.
“Habla muy mal del desempeño de la Fiscal que haya tenido ese caso ya debidamente articulado y documentado desde octubre y que no haya dado su visto bueno para judicializar la investigación”, indicó.
MP DEBE EXPLICAR
Pablo Hurtado, director Ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indicó que se trata de una situación sumamente delicada ya que es un caso de alto impacto; además señaló que el Ministerio Público (MP) debe explicar qué sucedió.
“Lo primero y más importante es que debe pronunciarse el Ministerio Público”, dijo Hurtado, agregando que al ser un tema de relevancia se deben esperar las explicaciones y que se dé a conocer el procedimiento interno en este caso.
Ricardo Barreno, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), indicó que esto pone en evidencia una vez más el tema de la judicialización de la política, indicando que el MP deberá responder a esta situación.
A decir de Barreno, no sería conveniente una destitución de Juan Francisco Sandoval en la FECI tomando en cuenta todos los casos que conoce la Fiscalía.
