POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para trámite el amparo que interpuso la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en contra de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante las cuales se rechazaron in limine los antejuicios contra la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, y cuatro diputados de dicha agrupación política.

Como parte del trámite, la CC requirió a la CSJ que, en un plazo de 48 horas, envíe informes circunstanciados sobre las resoluciones que dictó a favor de los integrantes de la UNE.

El vocero del Organismo Judicial, Mario Siekavizza, dijo que la CSJ fue notificada el viernes 29 de marzo y ese mismo día se enviaron a la CC los antecedentes de los antejuicios a las 19:45 horas.

Ahora, los magistrados de la CC deberán analizar el amparo y decidir, en primer término, si suspenden o no provisionalmente la resolución de la CSJ.

La FECI presentó los antejuicios por financiamiento electoral no registrado al partido UNE durante la campaña electoral del 2015.

Sin embargo, la CSJ rechazó los antejuicios el pasado 27 de febrero considerando que no había elementos de razonabilidad suficientes para darle trámite.

En el amparo, la Fiscalía argumenta que la resolución de la CSJ que rechazó los antejuicios contra Torres y los diputados Jairo Joaquín Flores, Julio César Ixcamey, Jorge Estuardo Vargas y Karina Paz Rosales causó agravios, por lo que pide a la CC que deje sin efecto la resolución y se ordene a la CSJ emitir una nueva.

CASO

Según las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante la campaña electoral del 2015, la UNE se financió con fondos provenientes de actividades criminales y otros aportes anónimos que, en conjunto, suman Q19 millones 531 mil 753.

Del financiamiento anómalo, Q3 millones 458 mil 407 proviene de sobornos que cobró la estructura criminal del Caso Traficantes de Influencias a un grupo de empresarios a cambio de agilizarles su devolución de crédito fiscal, de acuerdo con las pesquisas.
Este dinero estaba en las cuentas de Ingeniería Integral, representada por Marlon Marroquín Silva, y se entregó a Mario Leal, quien fue candidato a la vicepresidencia en la campaña, y éste lo trasladó a la campaña de la UNE por medio de las empresas de papel, Maariv y Prohabsa.

Leal se encuentra prófugo de la justicia.

La mayor parte del financiamiento anómalo, es decir Q16 millones 73 mil 346, es dinero que fue trasladado a las empresas Maariv y Prohabsa y éstas lo canalizaron a la campaña de la UNE.

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