Por Denis Aguilar
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El comisionado Iván Velásquez participó este día en el foro «Corrupción y Derechos Humanos», organizado por The Right Livelihood Award, donde indicó que la corrupción no se trata de una problemática coyuntural, sino que es sistémica, lo que ha permitido que se haya capturado al Estado.
El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) mencionó a las redes político-económicas e ilícitas, a lo cual añadió que el tema de la corrupción se trata de un problema de raíz en el país.
“La corrupción en Guatemala no es una corrupción coyuntural, circunstancial, individual. Tal vez muchos países de la región tienen esta misma característica; que no se trata de una corrupción ocasional, sino que es una corrupción sistémica y que en cuanto a sistémica como lo hemos identificado nosotros en Guatemala, se ha producido, por parte de las élites y por parte también del crimen organizado, una captura del Estado”, resaltó.
Con esto, Velásquez asegura que a las estructuras se les ha permitido desarrollar todas sus acciones impunemente, porque dentro de la captura del Estado está adicionalmente el Sistema de Justicia, el cual calificó como un elemento fundamental.
Velásquez también se refirió a la relación entre la corrupción y los derechos humanos, señalando a la primera como un delito directo que atenta contra la vida digna de las personas, es decir la dignidad humana.
“La lucha contra la corrupción es por eso, justamente, una la lucha por la vida digna”, dijo Velásquez, agregando la impunidad está sustentada por un deficiente Sistema de Justicia, lo que altera la credibilidad de las instituciones y la confianza ciudadana.
Asimismo, habló sobre el papel que jugó la CICIG entre el 2015 y el 2016 cuando se propuso una reforma constitucional al Sistema de Justicia, la cual tenía que ver con una mayor profesionalización del Organismo Judicial, en virtud del establecimiento de la carrera judicial.
“Fue presentada finalmente al Congreso de la República, pero que alertó a esas élites, tanto las élites económicas del país, como sectores que han tenido tradicionalmente el control del aparato de justicia y hundieron, o dejaron simplemente engavetada, esa propuesta de reforma constitucional”, señaló.
Velásquez agregó que esta reforma fue tomada después por el Gobierno de Jimmy Morales como una clara manifestación de la injerencia extranjera, agregando que esto se trata de un discurso común de los países en América Latina cuando se pretende atentar contra los controles e intereses de las élites.
Mencionó también que la reacción que ha vivido la CICIG a su trabajo por parte de ciertos actores es producto de que se ha llegado a afectar profundamente las estructuras de corrupción en el país.
