POR DOUGLAS GÁMEZ
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El pasado 15 de febrero, el presidente Donald Trump avaló la Ley de Asignaciones Consolidadas del año fiscal 2019-2020 –previamente aprobada por el Congreso y el Senado– en ella se determina la cooperación financiera que Estados Unidos contempla para otros países durante el presente año fiscal, entre ellos Guatemala.
El país tendrá acceso al 50 por ciento de lo que le fue asignado si cumple con varios requisitos, entre los cuales destaca, cooperar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como investigar y procesar a funcionarios y exfuncionarios presuntamente corruptos.
“Los fondos asignados por esta Ley bajo los títulos III y IV que están disponibles para la asistencia de cada uno de los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras, el 50 por ciento solo puede ser obligado después de que el Secretario de Estado certifique e informe a los comités congresistas apropiados”, indica la legislación.
La Ley enlista al menos 16 requisitos para los países del Triángulo Norte relacionados a la migración, seguridad nacional, lucha contra la corrupción y aspectos del Plan Alianza para la Prosperidad. De cumplirlos podrán acceder al resto de la cooperación financiera que Estados Unidos tiene contemplada para cada uno de los países.
En el inciso K, la Ley dice literalmente que los gobiernos de los tres países deben cooperar “con comisiones contra –la– corrupción e impunidad y con entidades de derechos humanos regionales”.
En incisos anteriores, específicamente en el F, hacen referencia al combate de la corrupción en general “Combatir la corrupción, incluyendo la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios del gobierno que sean presuntamente corruptos”.
Otro de los requisitos solicitados por Estados Unidos es que las naciones informen a sus ciudadanos de los peligros de migrar irregularmente a ese país, la lucha contra al tráfico humano, mejorar la seguridad fronteriza, combatir el narcotráfico, entre otros.
También requieren cooperación con agencias estadounidenses para el retorno de migrantes, implementación y evaluación del Plan Alianza para la Prosperidad, así como la “implementación de reformas, políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas y el imperio de Ley”. Asimismo, solicitan el procesamiento judicial de funcionarios que podrían haber violado derechos humanos.
La Ley hace referencia a la implementación de “programas de apoyo para reducir la pobreza, ampliar la educación y la formación profesional” así como programas para, jóvenes, empleo, desarrollo, entre otros.
