POR REDACCIÓN
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentará una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para revocar la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que rechazó el antejuicio contra la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, y cuatro diputados de dicha agrupación política.
Ayer, en sesión plenaria, la CSJ rechazó in límine, es decir sin entrar a conocer, los antejuicios contra Torres y los diputados Joaquín Flores, Karina Paz, Jorge Vargas y Julio Ixcamey que fueron promovidos por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Mario Siekavizza, vocero de la CSJ, dijo que los antejuicios se rechazaron por no tener elementos de “razonabilidad” suficientes para tramitarlos.
Torres estaba señalada de asociación ilícita y los diputados de financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, dijo que se presentará un amparo ante la CC para revertir la decisión de rechazar in límine los antejuicios. Sin embargo, comentó que la Fiscalía aún no ha sido notificada.
Una vez sean notificados, analizarán cuáles son los argumentos que se expondrán en el amparo que se interpondrá, dijo Sandoval.
La Fiscalía tiene un plazo de 30 días para presentar el amparo, el cual empieza a correr una vez se haya realizado la notificación.
VOTOS DISIDENTES
La resolución de rechazar in límine los antejuicios contó con el voto disidente de las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales Aceña.
Ambas consideraron, contrario a sus compañeros, que era procedente admitir para trámite los antejuicios.
Por su parte, la magistrada Silvia García emitió un voto en contra parcial ya que estaba de acuerdo con que se rechazara el antejuicio contra los diputados, pero que se admitiera para trámite el de Torres.
Los votos disidentes podrían ser un punto a favor de la FECI al momento de presentar el amparo ante la CC.
CASO
Según la investigación del MP y la CICIG, la UNE financió su campaña electoral de 2015 con fondos provenientes de actividades criminales y también con aportaciones anónimas. En suma, el financiamiento ilícito suma Q19 millones 531 mil 753.
Al menos Q3 millones 458 mil 407 de los recursos de campaña habrían provenido de sobornos que la estructura criminal del Caso Traficantes de Influencias cobraba a empresarios a cambio de agilizarles la devolución de crédito fiscal, según la investigación.
