POR HEDY QUINO
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La Contraloría General de Cuentas (CGC) no realizará una auditoría especial por el pago de más de Q22 millones en indemnizaciones que autorizó la Junta Directiva del Congreso 2018 para 20 trabajadores, que contravienen la Constitución, solo si el monto es significativo.
El subcontralor del gasto, César Elías, explicó que los auditores de la Contraloría se encuentran realizando auditorías de los ingresos y egresos del Organismo Legislativo. «Esto corresponde al ejercicio fiscal 2018, esa auditoría inició en agosto último», declaró.
«El pago de indemnizaciones forma parte de la ejecución presupuestaria 2018, por ello el equipo de auditores tiene que revisar esas operaciones y presentar los resultados en mayo próximo», detalló Elías.
«Nosotros no realizamos exámenes especiales de auditoría cuando ya hay un equipo realizando la auditoría general», afirmó el Subcontralor al consultarle si se realizaría una auditoría especial por este caso.
«Si el monto de esas indemnizaciones son significativas, por supuesto que serán auditadas. Esto tiene que estar incluido en la auditoría 2018», añadió el funcionario por el pago de Q22 millones 820 mil 758 en indemnización que hizo la administración de Arzú Escobar a 20 trabajadores.
El subcontralor indicó que a la fecha no se tiene ningún informe preliminar sobre la auditoría que se le realiza al Legislativo, pues los resultados serán presentados en mayo, como lo establece la Ley, dijo.
La Contraloría tiene tres vías para accionar legalmente al detectar hallazgos en el Congreso por las indemnizaciones. La primera consiste en una sanción económica, la segunda es el requerimiento de los recursos que fueron ejecutados y la última es interponer una denuncia penal, explicó el subcontralor.
MP ANALIZA CASO
Por esta situación el Ministerio Público analiza iniciar una investigación de oficio al Congreso por el pago de indemnizaciones que contravienen la Constitución. Se consultó a Comunicación Social del MP sobre la conclusión de este análisis, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
INDEMNIZACIONES
La Hora pudo documentar que a partir del mes de agosto de 2018, la Junta Directiva, presidida por Álvaro Arzú Escobar, aceptó la renuncia y autorizó el pago de prestaciones de al menos 20 trabajadores del Congreso de la República contratado como personal 011, con fundamento en dictámenes del Departamento de Nóminas, Prestaciones y Honorarios, contraviniendo artículos de la Constitución y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Para cumplir con los pagos la Directiva de Arzú Escobar, acordó tomar recursos propios (ahorros de economías de años anteriores) por la cantidad de Q22 millones 820 mil 758.
