Ante la proximidad de las Elecciones Generales y con una nueva investigación del MP y CICIG sobre delitos de financiamiento electoral revelados esta semana, analistas consultados señalan que la población se enfrentará de nuevo a un proceso con un sistema caduco y cooptado, que representará un reto para cambiar la tendencia.
Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
Esta semana, el MP en conjunto con la CICIG, presentaron un nuevo caso por delitos de financiamiento electoral vinculado al partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que ocurrió durante la campaña electoral de 2015.
GUERRA ROLDÁN: SISTEMA NECESITA UN CAMBIO TOTAL
En ese sentido y ante la cercanía del proceso electoral, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mario Guerra Roldán, indicó que el financiamiento electoral ilícito se ha convertido en los últimos años en una constante, “alarmante y escandalosa”.
Asimismo, explicó que se puede calificar como positivo que este tipo de investigaciones se sigan conociendo y que los políticos involucrados sean excluidos, aunque esto signifique “que unos dos o tres” queden exentos.
“Por eso lo he dicho siempre y lo he publicado que este sistema hay que cambiarlo totalmente, este sistema político electoral es un sistema caduco y obsoleto que tiene que ser eliminado y cambiado por uno nuevo que sea acorde a las necesidades y problemas del país en el tema político y electoral, si seguimos con este sistema, la pendiente va para abajo”, dijo.
Mientras que el analista independiente Renzo Rosal, anotó que lo que se ha descubriendo ahora son prácticas más profundas e ilícitas de las que no parece salvarse ningún partido, “es un proceso complejo y de incertidumbre, sí, pero sumamente se va a poner al desnudo este tipo de prácticas que ojalá vayan disminuyéndose”.
Rosal, agregó que la población ahora tiene la oportunidad de implementar los mecanismos para fiscalizar el financiamiento, para que cuando ocurran estos hechos se denuncien.
SE GENERA INCERTIDUMBRE
Por su parte, María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dijo que durante estos tres años no se lograron desactivar los grupos internos que tenían los partidos políticos vinculados a ilegalidades.
“Lo que yo veo complicado es que se estén tratando de hacer –investigaciones– ya cuando los candidatos están con su proceso terminado de inscripción porque al final usted tuvo tres años y eso era la teoría de la CICIG y del MP, la pregunta es ¿por qué no se desactivaron o por qué no se hicieron cambios de procesos o sistemas para que esto no sucediera?”, afirmó.
Aceña apuntó que lo sucedido esta semana y al tener cerca el inicio del proceso electoral, aunado a que algunos de los candidatos ya están inscritos, genera incertidumbre y apatía de la población de votar.
