Por Eder Juárez
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Exmagistrados y profesionales del derecho que han destacado en el ámbito jurídico del país, se pronunciaron ante el trámite de antejuicio que continúa en el Congreso de la República contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, advirtiendo de lo improcedente del proceso y de su actuación en caso se siga con el “atropello” contra la independencia de la Corte. De acuerdo con analistas consultados, el comunicado de los destacados juristas es un mensaje contundente de respeto a la República, la democracia y Estado de Derecho.
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CES), indicó que el comunicado está en tiempo, es muy valioso que haya salido ahora y refleja tres cosas importantes. Primero: no importa el lado ideológico ni las posturas personales en cuanto a ciertos temas jurídicos, sino que lo que se defiende es el Estado de Derecho y su estabilidad.
Lo segundo es que ningún otro poder, ya sea el Ejecutivo o el Legislativo, puede violentar la independencia de los jueces y magistrados de nuestro país que es un mensaje claro y contundente, manifestó Samayoa.
El tercero, que todo lo que resuelven los jueces y magistrados en nuestro país, no importa si es el Presidente de la República o el Presidente del Congreso, deben de cumplir con lo que ellos digan, porque ese es el marco de la legalidad.
“El mensaje es contundente de respeto a la República, la democracia y al principio del Estado de Derecho. En la Comisión Pesquisidora que se formó me pareció válido un punto de vista de uno de los diputados que dijo: demos trámite para salir de esto y el dar trámite está bien, pero la Comisión no tiene necesidad de hacer ningún tipo de revisión de documentos, sino fundamentarse en derecho e inmediatamente después presentar informe que por lo que establece la legislación no puede ser retirado el antejuicio a los magistrados”, dijo Samayoa.
Por su lado, Javier Monterroso, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), dijo que el comunicado tiene buenos argumentos de varios exmagistrados de la CC y reconocidos constitucionalistas, el cual debe tomarse en cuenta por el Congreso de la República.
Sin embargo, considera que lamentablemente el Congreso no lo va a tomar en cuenta, “el Congreso es un órgano político, no es un órgano jurídico, y lamentablemente la decisión de darle trámite al antejuicio contra los magistrados ha sido política”, dijo Monterroso.
Agregó que “los que deben tomar en cuenta este comunicado son los magistrados de la CC, como bien lo dice el comunicado, en el artículo 170 de la Ley de Amparo, está claro que los magistrados no están obligados a inhibirse, no se les aplica las mismas causas de inhibitoria, excusa y de recusación que los magistrados del Organismo Judicial y eso es en casos precisamente en donde su misma independencia está en entredicho por un órgano de poder, en este caso el Congreso que le está dando tramite al antejuicio”.
Se intentó conseguir una postura de Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, pero no pudo atender la llamada.
LA CONSTITUCIÓN ES LA NORMA SUPREMA DE TODOS LOS PODERES DEL ESTADO
En un comunicado firmado por Eduardo Mayora, exdecano de la Facultad de Derecho de la UFM, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, Jorge Mario García Laguardia y Mauro Chacón, exmagistrados de la CC y el excanciller, Gabriel Orellana, manifestaron que en el régimen Jurídico y Político de Guatemala, la Constitución es la norma suprema y todos los poderes del Estado y están sujetos a sus disposiciones.
“En el régimen jurídico y político de Guatemala, la Constitución es la norma suprema y todos los poderes del Estado están sujetos a sus disposiciones”, manifestaron.
Los firmantes aseguran que la independencia de un tribunal de justicia depende de la libertad con que sus integrantes cuenten para plasmar sus opiniones en las resoluciones que pronuncien.
“Por ello, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Ley de rango constitucional, establece que los magistrados que la integran no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”, se lee en el pronunciamiento.
Además, indican que, en esos términos, la denuncia promovida por algunos integrantes de la “Asociación de Dignatarios de la Nación”, constituye una persecución “ilegal”, en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
“Por el mero hecho de darle trámite a una denuncia antijurídica, la mayoría de integrantes de la Corte Suprema de Justicia ha contribuido a debilitar el Estado de Derecho y sus propias funciones”, advirtieron los profesionales sobre lo decidido por la CSJ.
Además, recalcan que el Congreso tiene el deber de detener el trámite de una denuncia “antijurídica”, la cual atenta contra los más elementos presupuestos de la independencia de la Corte establecidos en la misma Constitución Política de la República.
“El Estado Constitucional de Derecho se edifica cuando los poderes públicos se someten a las resoluciones, el máximo intérprete de la Constitución y no, como en este caso, cuando lo persiguen penalmente por sus opiniones”, puntualizaron.
Los expertos advirtieron que “de continuar el Congreso con un atropello en contra de la independencia de la Corte de Constitucionalidad, se fuerza a sus miembros, para cumplir con el deber de defender el orden constitucional, facultados por el Artículo 170 de la Ley de Amparo, Exhibición y de Constitucionalidad, a tomar las medidas necesarias”.
