POR HEDY QUINO
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En una entrevista con el medio internacional “El País” de Colombia, el Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, afirmó estar dispuesto a dimitir si el gobierno del presidente Jimmy Morales garantiza que la Comisión continúe cumpliendo cabalmente su mandato.
Velásquez le dijo a la prensa internacional que el problema real que existe con el gobierno de Morales en torno a la CICIG no es por la permanencia de él al frente de la Comisión ni con el Acuerdo de Creación, sino que requieren garantizarse impunidad a como dé lugar y para ello requieren recuperar el control absoluto de la Fiscalía y del Organismo Judicial. Si el Gobierno garantiza que la CICIG pueda continuar cumpliendo cabalmente su mandato, yo no tengo problema en renunciar.
El Jefe de la CICIG agregó que por la decisión de la Canciller y del Presidente de no acatar con la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) que permite su ingreso al país, él continúa trabajando desde Nueva York o Bogotá, Colombia.
Pese a que Morales anunciara dar por terminado el Acuerdo de CICIG, la institución internacional aún cuenta con validez jurídica, pues su permanencia en el país vence el 3 de septiembre de 2019, “hasta entonces la Comisión puede seguir con su mandato”, explicó Velásquez.
El Comisionado señaló que existe un grupo de personas en el país “que con el propósito de procurarse impunidad, están haciendo todo lo posible para que no se pueda continuar el trabajo de la Comisión. Desde el segundo semestre del 2016 empezó una muy agresiva campaña de desprestigio y de desinformación a través de redes sociales y lobbies que se hicieron en Estados Unidos por parte de empresarios, como lo documentó la prensa guatemalteca”, dijo.
En la entrevista, Velásquez se refirió a la revocatoria de visas de once investigadores de la CICIG por parte de la Cancillería guatemalteca. “Es algo grave porque la justificación que dio la Canciller es que eran personas que ponían bombas en sus países, cuando son abogados y policías colombianos, policías de Uruguay y abogados españoles que han acreditado que en sus países no hay investigaciones en su contra”.
Mientras el gobierno de Morales continúa con las medidas en contra de la CICIG, Velásquez planteó un panorama poco alentador para Guatemala, pues para cuando venza el plazo de permanencia, las investigaciones que se encuentran en curso no podrán concluir, a menos que el Gobierno apoye el fortalecimiento al Sistema de Justica. “Se requiere de una voluntad fuerte del Gobierno, que no existe ahora”, concluyó.
