Por Redacción La Hora
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La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Gobierno de Guatemala dejar en suspenso la decisión de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno que establece a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Los magistrados votaron por mayoría, con el voto razonado de la magistrada presidenta Dina Ochoa.
El pleno de la Corte de Constitucionalidad conoció en la sesión del pleno que comenzó ayer en horas de la noche y que finalizó en la madrugada varios amparos presentados contra de la decisión del gobierno de Jimmy Morales, mientras que afuera de la Corte ciudadanos formaron una “cadena humana”, para defender la democracia y el Estado de Derecho.
Según se informó, el Tribunal estimó pertinente otorgar el amparo provisional solicitado que ordena dejar en suspenso la decisión emitida por las autoridades de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno relativo al establecimiento de la CICIG.
También exhorta a las autoridades denunciadas para que en el ámbito de su competencia, instruyan a los funcionarios y empleados de dependencias para que faciliten el debido funcionamiento de la CICIG.
Se notificará al presidente Jimmy Morales; al vicepresidente Jafeth Cabrera; al Congreso de la República; a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel; al ministro de Gobernación Enrique Degenhart; al Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala; al ministro de la Defensa Nacional; a la Fiscal General y al Procurador General de la Nación.
“La notificación que se efectúe a los citados funcionarios públicos los obliga al cumplimiento de lo decidido en el fallo” informó la corte.
Los amparos que conoció la Corte fueron los promovidos por Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana; Marco Vinicio Mejía Ávila; Miriam Roquel Chávez, procuradora adjunta de la PDH; Helen Mack, Rodilio García, Roselín Bautista, Rodilio García Bautista y Mauricio Rodbelí García Bautista en contra del presidente Jimmy Morales, el Congreso y la ministra de Relaciones Exteriores.
El pasado lunes, la canciller Sandra Jovel anunció en la ONU que el gobierno de Morales daba por finalizado el Acuerdo que dio vida a la CICIG en 24 horas.
Luego de ello, varios ciudadanos accionaron en la CC, entre ellos los abogados Alfonso Carrillo, Aníbal García y Carlos Bezares, la Procuraduría de Derechos Humanos, la organización Acción Ciudadana, el partido político Winaq y autoridades indígenas y el exasesor del presidente, Marco Vinicio Mejía Dávila.
La decisión del gobierno de Morales de finalizar el Acuerdo de manera unilateral generó preocupación y críticas a nivel nacional e internacional.
Ayer, al cumplirse el plazo de 24 horas, la CICIG activó su plan de contingencia y solicitó al personal internacional de la Comisión salir del país “hasta nuevo aviso”.
