POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
El juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal decidió no ligar a proceso al diputado Orlando Blanco, quien era señalado por la Fiscalía de Delitos Electorales por supuestas anomalías en donativos que recibió la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante la campaña electoral del 2015, cuando el legislador fungía como Secretario General de esa agrupación.
Según la investigación, la UNE incumplió con su obligación de reportar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) aportes dinerarios que se destinaron al pago del servicio de transporte aéreo que le prestó la empresa Helicópteros de Guatemala, Sociedad Anónima.
Sin embargo, el juez Moto aseguró en su resolución que la responsabilidad de las facturas de las horas de vuelo es de la empresa que prestó el servicio y el donante, por lo que no se puede vincular a la UNE al ilícito.
“La UNE solo fue la beneficiaria de la prestación del servicio. Cuando se admite la donación ellos están fuera del entorno de la transacción con Helicópteros de Guatemala”, añadió Moto.
«La UNE únicamente es un usuario que le dijeron: `súbase al helicóptero, yo le voy a pagar y usted me extiende mi recibo de donación´. Todo lo demás, ¿de quién va a ser la responsabilidad? Si hablamos del partido, del contador general», fue otro de los argumentos planteados por el juez Moto.
El juez también hizo mención que la responsabilidad de los registros contables es del contador de la agrupación política y que se debe tener un vínculo o evidencia que permita sospechar que hay anomalías en la agrupación política.
Por último, mencionó las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito y que la UNE logró desvanecer los hallazgos, “El Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos lo admitió. Hoy por hoy, UNE no tiene ningún reparo”, manifestó.
Además, hizo énfasis en la fecha cuando el diputado dejó el cargo de Secretario General y que el contador de la agrupación tenía la responsabilidad a partir de ello, de la información y reportes correspondientes, así como la falta de indicios de alguna relación entre el diputado con la empresa, donantes o el manejo de los fondos no registrados.
