Por Eder Juárez
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Luego de que la Procuraduría General de la Nación (PGN), por instrucciones del presidente Jimmy Morales, denunciara penalmente a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Luis Linares de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) y el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, coincidieron que la denuncia es improcedente, además, indicaron que esta socaba y atenta contra el Estado de Derecho.
De acuerdo con Linares, desde el punto de vista legal es una acción improcedente, porque todas las decisiones presidenciales o de cualquier órgano del Estado están sujetas del control de la legalidad. “Cualquier atribución legal está sujeta al control de los órganos jurisdiccionales correspondientes, legalmente no procede”, aseguró el analista.
Según Linares, en la cuestión política se ve la intención de controlar o descabezar al órgano que a través de sus decisiones, han detenido acciones ilegales del Gobierno en contra de la lucha anticorrupción.
Agregó que estas acciones son un atentado en contra del Estado de Derecho y una muestra de la decisión que tiene el Gobierno de llevar adelante el ataque hacia la lucha contra la corrupción hasta sus últimas consecuencias.
ESTRATEGIA PARA CONTINUAR CON LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
Por su lado, Rodas dijo que cuesta encontrar el calificativo preciso para definir una serie de actos hechos por Ejecutivo y que son una estrategia para que siga la corrupción e impunidad en Guatemala.
El Procurador de los Derechos Humanos indicó que se está socavando el sistema democrático y el Estado de Derecho, porque la independencia judicial es uno de los pilares fundamentales y “al estar penalizando sin fundamento, solo porque los fallos les han sido adversos, evidencian que no los mueve más que el afán de protegerse a sí mismos y a sus aliados, tanto políticos como económicos”.
Según el magistrado de Conciencia lo hecho por el Ejecutivo es grave para la frágil democracia guatemalteca, y las instituciones deberían de apostar por el cumplimento de la Constitución, “el 152 de la Constitución dice que los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que la Carta Magna y la Ley les permite a diferencia de los ciudadanos que pueden hacer lo que la Ley no les prohíbe.
“El accionar de la PGN dista mucho de sus funciones, que es ser la entidad consultora y asesora del Estado, y el Gobierno es un elemento del Estado, no es el Estado en sí; es contradictorio que el órgano que tiene que asesorar a todas las instituciones del Estado las esté denunciando penalmente”, dijo Rodas.
