POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Corte de Constitucionalidad (CC) aún no notifica los fallos que le fijan un plazo de doce horas a la Cancillería para que extienda las visas a los diez funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a quienes les fueron denegadas debido a que la magistrada presidenta, Dina Ochoa, aún no entrega sus votos razonados.
Santiago Palomo, portavoz de la CC, informó que Ochoa aún está trabajando en sus votos razonados y que cuando ella los tenga listos se informará por los canales de comunicación oficiales.
Sin embargo, el artículo 5, literal C, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que “toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia”.
Asimismo, el artículo 181 establece que si en alguna resolución alguno de los magistrados disiente de la mayoría, “deberá razonar su voto en el propio acto y hacerlo constar en el libro que para el efecto se lleve”.
Si Ochoa no cumple con los tiempos para elaborar su voto, podría incurrir en desobediencia.
“La desobediencia, retardo u oposición a una resolución dictada en un proceso de amparo de parte de un funcionario o empleado del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas es causa legal de destitución, además de las otras sanciones establecidas en las leyes”, reza el artículo 78 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Javier Monterroso, profesor en derecho constitucional, considera que si en caso Ochoa no entrega su voto razonado hoy, podría incurrir en responsabilidades administrativas o penales, dependiendo de cuál sea el motivo del retraso.
“Puede enfrentar responsabilidades administrativas o penales… Si es un retardo con ánimo de obstaculizar o por afectar a una de las partes, en este caso a los que les otorgaron amparo, podría caer en un retardo malicioso de justicia que ya es un delito”, dijo Monterroso.
RESOLUCIONES
En sus resoluciones, la CC ordena al Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores que en un plazo de 12 horas a partir de ser notificado extienda las visas de cortesía a los diez funcionarios de CICIG que se les denegaron. Ellos son: Fernando Washington Dos Santos Oliveira, Luis Fernando Orozco Álvarez, Horacio Roberto Piccardo Candia, César Augusto Rincón Sabogal, Fernando Robles Reyes, Roque Marcelo Veliz López, Yilen Osorio Zuluaga, María Martín Quintana, Giulia Nikté Caruso Duarte y Marcela López Martín.
Asimismo, se ordena al Ejecutivo que “se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a limitar o mermar la locomoción y tránsito de los funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”.
