POR CHRISTIAN GUTIÉRREZ
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La Resistencia Pacífica La Puya pronunció esta mañana su postura por la demanda de arbitraje internacional presentada por una empresa minera en contra del Estado de Guatemala, por el proyecto minero Progreso VII Derivada.
En su pronunciamiento, solicitan que la empresa Kappes Cassidy & Associates (KCA), se retire del país por los daños que ha causado en su comunidad y piden que el Estado de Guatemala no olvide que su responsabilidad es velar por la vida y la seguridad de la población que ha estado en resistencia durante casi siete años debido a los trabajos de minería en sus comunidades.
Asimismo, demandan que el pueblo campesino de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc tengan el derecho de seguir produciendo en sus tierras, y no ser utilizados para ser incriminados por estas empresas para posteriormente presentar demandas millonarias en contra el Estado guatemalteco.
Álvaro Sandoval, miembro de la Resistencia Pacífica la Puya, indicó que a pesar de que la maquinaria ya no se encuentra trabajando en su comunidad, dañaron flora y fauna e incluso provocaron que las comunidades se dividieran por los conflictos que se tuvieron.
Instaron al Estado de Guatemala que no se violente el principio de supremacía constitucional y se resguarde el bien común sobre el bien particular. También pidieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos que vele por el respeto de los Derechos Humanos antes que los comerciales.
