POR MARIELA CASTAÑÓN
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Un promedio de 61 mil 293 personas han sido capturadas por la Policía Nacional Civil (PNC) de enero a noviembre de este año, mientras que al Organismo Judicial ingresaron 52 mil 299 casos en el mismo período de tiempo, donde se obtuvieron 19 mil 821 sentencias absolutorias, condenatorias y mixtas. El impacto de estos casos colapsa el Sistema Penitenciario (SP), donde actualmente hay 24 mil 285 personas en una infraestructura con capacidad para albergar a 6 mil 809 detenidos.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil, entre enero a noviembre de 2018 detuvo a 61 mil 293 personas en flagrancia y por orden de captura. El número ya supera a la cantidad de aprehendidos en 2017, pues entre enero a diciembre de ese año, se reportaban 61 mil 076 detenciones.
Mientras que el Organismo Judicial (OJ), informó que en el período de enero a noviembre de 2018, ingresaron 52 mil 299 casos. El año anterior el número era de 62 mil 885.
En los primeros once meses del año, el OJ obtuvo 19 mil 821 sentencias: 4 mil 290 absolutorias, 15 mil 061 condenatorias y 470 mixtas. Mientras que en 2017, la cifra ascendía a 22 mil 942 sentencias: 3 mil 801 absolutorias, 16 mil 532 condenatorias y 2 mil 609 mixtas.
Estos casos, impactan en el SP, carente de infraestructura, pues actualmente hay 24 mil 285 privados de libertad: 11 mil 720 sentenciados y 12 mil 565 preventivos.
El año pasado, la cifra de personas detenidas concluyó con 22 mil 994, de las cuales 11 mil 703 estaban en situación preventiva y 11 mil 291 en cumplimiento de condena.
Las condiciones del sistema carcelario no han cambiado, el número de espacios carcelarios sigue siendo únicamente para 6 mil 809 personas, es decir existe un déficit de 17 mil 476.
PREVENCIÓN, OPORTUNIDADES
Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), explica que el tema de seguridad y justicia no se puede seguir solucionando con detener, procesar y encarcelar a las personas, el tema debe verse de una manera integral.
“No vamos a solucionar la seguridad y justicia deteniendo personas y metiéndolas a la cárcel, el colapso del Sistema de Seguridad y Justicia se debe, entre otras causas, a que le ha faltado una visión integral que comienza con el fortalecimiento -de investigación criminal- que tengamos procesados a los verdaderos delincuentes, en primer punto. En segundo punto, necesitamos una justicia pronta, donde no se abuse de la prisión preventiva, porque de los 24 mil que menciona, hay más de 12 mil en prisión preventiva, sin sentencia, necesitamos invertir en un sistema que logre la justicia pronta, cumplida, expedita, de alguna manera pueda resolver los casos importantes, que no queden en la impunidad”.
El entrevistado agregó: “Lo tercero es un SP, que es la cenicienta del sistema, que tenga las capacidades de reorientación, resocialización y control interno, es decir, no podemos pretender que la solución que estamos dando a nuestro sistema es encarcelar a 24 mil personas. El SP no rehabilita ni resocializa”, reitera.
De acuerdo con el entrevistado, lo más preocupante de esta situación es que si las personas sentenciadas o en prisión preventiva salen de un sistema carcelario colapsado como el que actualmente se tiene, los detenidos saldrán en peores condiciones, porque no hay rehabilitación.
Según el Director del CEG, este tema debe trabajarse desde la prevención del delito y la violencia, creando oportunidades para la juventud y la población.
“Necesitamos políticas de prevención de la violencia y del delito, que son ausentes del sistema de seguridad y son lo único que pueden prevenir estos altos índices de criminalidad y detención. Ha sido una mala práctica pensar que detener, capturar y procesar es la única manera de resolver la seguridad y justicia, debe haber políticas de prevención, donde haya oportunidades, posibilidades de empleo para jóvenes, salud y educación”, concluyó.
PRISIÓN PREVENTIVA, RECOMENDACIONES DEL CIEN
El pasado 28 de noviembre, la Coalición por la Seguridad Ciudadana junto al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentaron el informe “La prisión preventiva en Guatemala”, donde destacaron que la cantidad de personas en esta situación ha crecido a un ritmo superior a lo que ha incrementado la población reclusa.
“Entre 2008 y 2018, la población reclusa total creció 190% (de 8 mil 400 a 24 mil 400); las personas en prisión preventiva aumentaron 300% (de 2 mil 900 a 11 mil 600) y las personas cumpliendo condena 125% (de 5 mil 700 a 12 mil 800)”, se informó.
Corinne Dedik, investigadora del CIEN, explicó recientemente que la prisión preventiva debería ser excepcional, pero el marco legal no permite algún tipo de medida para algunos delitos, por ello es necesario hacer modificaciones legales y eliminar el catálogo de delitos que exige que las personas ligadas a proceso ingresen a prisión preventiva.
Por otro lado, en el informe del CIEN también se detalló que 2016 a 2018 se determinó que las personas que entraron a prisión preventiva pasaron un año en esta situación. La mitad de ellos estuvo 274 días recluidos y el dato aumentó a 383 días en los casos con más de 30 sindicados.
El CIEN recomendó: realizar reformas para limitar la duración y prórroga de la prisión preventiva; implementar un mecanismo de monitoreo de los plazos procesales; aumentar la capacidad del Sistema Judicial e instalar carceletas dignas destinadas a la prisión provisional exclusivamente. Además, ampliar la infraestructura carcelaria con procesos de planificación más eficientes; los nuevos espacios deben ser administrados por el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria para garantizar mejores condiciones de reclusión.
ANTEPROYECTO DEL SECTOR JUSTICIA
La semana pasada, la Mesa Técnica del Congreso que conoce el anteproyecto de ley del Sector Justicia sobre la prisión preventiva inició el análisis respectivo del documento, para que se convierta en una iniciativa de Ley y continúe el proceso de aprobación en el Organismo Legislativo.
El presidente de la Mesa, Ronald Arango informó, que el diputado Oliverio García, estará a cargo de la elaboración de la propuesta final para que se tomen en cuenta las observaciones que plantearán.
La Hora se comunicó con Arango y García, para conocer cómo avanzan estas observaciones, pero al cierre de esta nota no fue posible obtener respuesta.
El pasado 26 de noviembre, autoridades del Sector Justicia entre los que estaba el MP, el OJ y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron a diputados del Congreso un proyecto de reformas al Código Procesal Penal (CPP) en materia de prisión preventiva.
La propuesta fue realizada por una Mesa Técnica conformada por el MP, el OJ, la CICIG, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, (Oacnudh), que tiene como objetivo ajustar la normativa actual a los tratados y convenciones de derechos humanos y estándares internacionales.
