Por Redacción La Hora
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Autoridades del Sector Justicia entre los que estaba el Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron a diputados del Congreso un proyecto de reformas al Código Procesal Penal (CPP) en materia de prisión preventiva.
La propuesta fue realizada por una mesa técnica conformada por el MP, el OJ, la CICIG, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, (OACNUDH) y tiene como fin ajustar la normativa actual a los tratados y convenciones de derechos humanos y estándares internacionales
Julio Cordón, secretario del MP, recordó que en marzo de 2018 se comenzó un proceso de discusión sobre las reformas al Código Procesal Penal que coadyuvarán a ajustar la normativa y la práctica a los tratados ratificados y a los estándares internacionales sobre prisión preventiva.
Con esta iniciativa, se pretende reformar el Artículo 11 del Código Procesal Penal y agrega el 258 ter. Se busca que el arresto domiciliario sea una verdadera medida de coerción, indicó Cordón.
La propuesta incluye distintas medidas para asegurar el cumplimiento de las medidas de coerción, como la creación de la Unidad de Control de Medidas de Coerción que estaría adscrita al Organismo Judicial (OJ).
Dicha unidad tendría como fin recopilar y comprobar información útil que ayuden al juez a tomar la decisión de las medidas de coerción a imponer.
Gabriela Contreras, representante de la CICIG, explicó que se tiene contemplada la eliminación del catálogo de delitos que no tienen derecho a medida sustitutiva, establecido en el artículo 264 del Código Penal.
También se tiene establecido la eliminación de la prórroga indefinida de la prisión preventiva.
Contreras indicó que también se pretende la cesación del encarcelamiento cuando exista una mora de parte del sistema de justicia.
Por su parte, la Fiscal General enfatizó en que esta no es una iniciativa de ley, sino una propuesta de reformas al Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva que el Sector Justicia entrega a los diputados para que pueda ser analizada y tomada en cuenta.
Las reformas también contemplan las acciones dilatorias, cuando los plazos previstos sean afectados por acciones de esta naturaleza por parte del procesado o defensor; casos complejos, en los cuales el juez puede ampliar el plazo, si resulta indispensable; falta de mérito y revisión de medidas de coerción, procedimiento de delitos menos graves, así como la reforma de tipos penales que incluyen prohibición de medidas de coerción no privativas de libertad.
También se contempla la adecuación del término “medida sustitutiva” por coerción no privativa de libertad” y sustitución de la causal de “peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad” por el de “obstaculización de la justicia”.
