POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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En medio de una ola de críticas por parte de diversos sectores, entre los cuales figura el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Fiscalía ha propuesto a testigos en conflicto con la ley para sustentar sindicaciones de tortura. Sin embargo, en este tipo de casos, los testimonios de reos son idóneos para esclarecer los hechos, afirma Oswaldo Samayoa, profesor e investigador en temas de derechos humanos.
“Reabrir casos o utilizar testigos no idóneos, o que no reúnen las calidades necesarias para ser considerados como tal, destruye irreparablemente la confianza en el sistema”, reprochaba ayer Marco Augusto García, presidente del CACIF, en una conferencia de prensa.
Lo decía en alusión a las declaraciones testimoniales de cuatro reos (que purgan condenas por delitos como el plagio y secuestro) que ha utilizado el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para sindicar por tortura al exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y a otras cuatro personas.
Sin embargo, al ser consultado por La Hora, Samayoa explica que hay que entender las circunstancias en las que se producen las torturas para comprender por qué, en estos casos, los testimonios de los reos, independientemente de su perfil criminal, son idóneos para la investigación.
“Es evidente que la tortura ha existo a través de la historia y ha tenido diversas etapas. La primera se aplicaba en plazas públicas para intimidar a personas, pero actualmente se aplica en lugares privados, cuando se logra aislar a las personas. Esto sucede en sedes policiales, vehículos de traslado policial o centros de privación de libertad. Por ende, son las personas que estén adentro, privadas de su libertad, quienes podrían verificar métodos y finalidades (de la tortura). No es ninguno de nosotros porque no tenemos acceso a centros de privación de libertad”, explica Samayoa.
El investigador explica también que la sanción penal tiene fines como la reinserción social, a fin de evitar la venganza privada entre ciudadanos, y evitar “reacciones informales” por parte de la autoridad, como lo son los actos de tortura.
El experto considera que en Guatemala hay un “tabú” que impide que se juzguen actos de tortura como tal.
“Hay un tabú social que ha impregnado en los jueces y es creer que condenar a una persona por tortura nos coloca a la sociedad como torturadores. La sociedad tendríamos que exigir que la tortura sea plenamente investigada y sea resuelto el problema”, afirma.
La importancia de cumplirla es parte de las posibilidades que existen de que, en un momento determinado, cualquier ciudadano podría estar a disposición del Sistema de Justicia, por lo que los actos de violencia deben juzgarse ante la sociedad, puntualiza el entrevistado.
