Por Eder Juárez
ejuarez@lahora.com.gt
La congresista estadounidense Norma Torres dijo que podría condicionarse la ayuda a Guatemala si no se prorroga el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por lo que analistas consultados afirman que el mensaje es contundente para el Gobierno.
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios Sociales (CES), indicó que el mensaje de Torres es contundente, “Estados Unidos es un país que necesita frenar la migración y para eso presta cooperación a estos países y no puede seguir tolerando que esos Gobiernos sean corruptos o poco transparentes en sus administraciones”.
Agregó que si la CICIG es un bastión para que las sociedades tengan ese tipo de transformaciones políticas, Estados Unidos está dispuesto a no seguir cooperando con Gobiernos como los que ha tenido Guatemala si es que esos bastiones no se fortalecen y se apoyan.
“El mensaje es contundente de congresista y al final deja la pelota a la sociedad guatemalteca ¿Vamos a dejar de pasar así de sencillo la decisión presidencial?, creo que es una decisión presidencial que no nos representa, sino lo representa a él con conflicto de interés por el caso contra su familia, pero no representa a todos los guatemaltecos”, señaló Samayoa.
Por su parte Elvin Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), indicó que la congresista expresa una postura que tanto el Congreso y unos representantes del Gobierno de EE. UU. han manifestado en apoyo a la CICIG por el trabajo que ha emprendido en la lucha contra la corrupción y en buena medida es la línea de apoyo, sobre todo ahora, condicionándola por el tema de renovar el mandato, que sería un mensaje claro a los funcionarios de este Gobierno.
No obstante para Díaz el problema está en que el Gobierno manifiestamente ha dicho que no va renovar el mandato algo que es preocupante, porque recientemente se ha hecho efectivo un desembolso de parte de los Estados Unidos a la CICIG, en la línea de ese país, por eso las condiciones de no renovar el mandato podría traer consecuencias negativas.
Se trató de obtener la opinión de María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) sobre este tema, pero no contestó a las llamadas a su teléfono celular.
