Por CHRISTIAN GUTIÉRREZ
cgutierrez@lahora.com.gt

En la presentación del XI Informe de labores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se mencionaba la importancia de cambios profundos en el Sector Justicia para lograr su verdadero cometido.

Helen Mack, representante de la Fundación Myrna Mack, refirió que se ve que en el Legislativo no se vela por Guatemala, sino únicamente por sus intereses.

“Las propuestas que ha hecho la CICIG ahora están siendo utilizadas, pero en lugar de favorecer la lucha contra la corrupción, la utilizan para favorecerse a ellos mismos”, indicó Mack.

Asimismo, agregó que con el actual Congreso no tiene ningún sentido promover las reformas al Sector Justicia, ya que buscan únicamente promover acciones que beneficien al Pacto de Corruptos.

Por su parte, Carmen Aída Ibarra, del movimiento Pro Justicia, indicó que el Sector Justicia necesita constantemente revisiones legislativas, así como un fortalecimiento financiero.

“El Sector Justicia necesita generar políticas estatales que generan la administración de justicia como derecho humano y como un derecho que tiene que ser gozado a plenitud, con prontitud y sin retrasos”, mencionó Ibarra.

Álvaro Montenegro, representante de JusticiaYa, indicó que los intentos de reforma para lograr una independencia judicial fueron truncados, principalmente por la bancada oficial, porque se tiene el temor de perder el control de muchas salas de apelaciones que se eligen desde el Legislativo.

También mencionó que se intentará cooptar las Cortes para asegurar impunidad si los casos llegan a las Cortes de Apelaciones, así como a la Corte Suprema de Justicia.

Se intentó conocer la postura del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), y de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), pero al término de esta edición no se había establecido comunicación con algún analista de esas entidades.

Según la CICIG en su informe, Guatemala enfrenta uno de los momentos más decisivos y complejos de su historia, en el que es fundamental proteger a las instituciones clave del Sector Justicia.

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