Poderosas estructuras golpeadas por CICIG han arreciado ataques

Por Redacción La Hora
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Pese a los ataques de los que fue objeto la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entre agosto de 2017 y agosto de 2018, cuando el Ejecutivo declaró non grato al comisionado Iván Velásquez, anunció la no renovación de la CICIG y vedó el ingreso a su titular, ese ente internacional presentó dieciséis casos, siete más que en el periodo anterior cuando se presentaron nueve casos.

Según el XI informe de labores titulado “¡Seguimos trabajando!” que registra los logros alcanzados entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, presentado hoy por la Comisión en la sede del Ministerio Público (MP), los ataques no frenaron el trabajo de la entidad, más bien se redoblaron los esfuerzos en el combate de la corrupción.

En esta presentación no estuvo presente el comisionado Velásquez debido a la prohibición de ingreso al país por parte del gobierno. En su lugar, se transmitió un video en el que dirigió un mensaje al público invitado.

La CICIG enfatizó en su informe que su trabajo entre 2017 y 2018 se realizó en medio de ataques contra la Comisión y que por lo tanto esos avances se encuentran en riesgo. En el periodo mencionado (2017-2018), los sectores afectados por la lucha contra la impunidad, muchos de ellos con acceso a poder político y económico, han promovido acciones tendientes a frenar y retroceder en los logros alcanzados.

“El personal de la CICIG ha sido objeto de amenazas y difamaciones, la Comisión ha enfrentado acciones directas dirigidas a debilitar su funcionamiento y estructura orgánica; y los aliados de la lucha contra la corrupción han sido objeto de presiones y amenazas. Las acciones de estos grupos están encaminadas a desacreditar y debilitar el trabajo de la Comisión como antesala al ataque a otras instituciones y actores del Sector Justicia, con el único objetivo de garantizarse impunidad y preservar el status quo.

Según la CICIG, Guatemala enfrenta uno de los momentos más decisivos y complejos de su historia, en el que es fundamental proteger a las instituciones clave del Sector Justicia.

Los casos presentados por la CICIG en conjunto con el MP en este periodo abarcan temas de corrupción municipal, financiamiento electoral ilícito, corrupción en el sector infraestructura, corrupción administrativa en salud y transporte, defraudación tributaria, corrupción en la industria militar, así como actos ilícitos ejecutados en el Organismo Judicial y en el Congreso.

INCREMENTO DE SENTENCIAS

La CICIG también resalta un incremento significativo en el número de sentencias, desde 2016 a la fecha se han dictado el 40 por ciento de las sentencias en casos apoyados por la Comisión.

De acuerdo con el informe, durante 2016 se dictaron 29 sentencias y 19 en 2017, mientras que durante 2018 son más de cien las sentencias obtenidas.
El trabajo de litigio también se ha visto incrementado en el último año: en 2018 se lleva adelante un 65 por ciento más de audiencias que el año pasado, lo cual según la Comisión, puede obedecer al número de investigaciones que han sido judicializadas, que como se mencionó anteriormente, se incrementaron en el último año.

Otro factor que explica el incremento de actividades de litigio es el número relevante de procesos que han llegado a fases clave.

En este periodo están en debate casos como Registro de la Propiedad en tanto otros siete casos, Sistema Penitenciario, Alcalde de Antigua, Bantrab, Génesis, Municipalidad de Chinautla, Lavado y Política, concluyeron la fase intermedia y el ofrecimiento de prueba y están a la espera de fecha para que se inicie el juicio oral.

Este año concluyeron debate en los Casos Migración, Concejales de Xela, Drogas, dinero y poder local, IGSS-Pisa e IGSS Chiquimula, así como Lago de Amatitlán.

Según la CICIG, actualmente existen más de 680 personas procesadas, de las cuales 40 por ciento están en prisión preventiva, mientras que el 60 por ciento restante goza de medidas sustitutivas.

Q70 MILLONES EN REPARACIÓN

La Comisión destaca que un tema de relevancia trabajado este año es la reparación del daño. En este sentido, durante este periodo, solo en cuatro Casos, Odebrecht, Construcción y Corrupción, Financiamiento Electoral Ilícito y Lago de Amatitlán, las reparaciones ascendieron a más de 70 millones de quetzales y más de 70 millones de dólares.

CASOS
Entre los casos presentados entre 2017 y 2018 están: Caja de Pandora, Corrupción en municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán, Traficantes de Influencias, Odebrecht I, Comisiones Paralelas, Manipulación de la Justicia, Transurbano I, un caso que involucra al diputado Mario Isabel Rivera Cabrera por enriquecimiento ilícito, Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación (Fase II).
También: Negocios en la Industria Militar, Registro de Información Catastral (RIC), Caja de Pagos; Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación (Fase III), Seguridad y Transporte, Construcción y Corrupción, Corrupción en Quetzaltenango, IGSS Ambulancias Fase II.

ANTEJUICIOS

En total fueron presentadas once solicitudes de antejuicios, de los cuales fueron declarados dos con lugar, cinco fueron rechazados y cuatro están en trámite.

SENTENCIAS

Estos son los casos que obtuvieron sentencias en el periodo mencionado: Migración (condenadas 39 personas, incluyendo a los Bitkov), Concejales de Xela; Drogas, dinero y poder local (involucra a alcalde de la municipalidad de San José), magistrado Erick Santiago de León, caso IGSS-Pisa, IGSS-Chiquimula.

También: Lago de Amatitlán, en el que fue condenada la exvicepresidenta Roxana Baldetti y otras nueve personas, el Sistema Penitenciario; Construcción y Corrupción, en el que fueron condenados nueve empresarios; Fraude a Chicamán; Alcalde de Antigua; Fraijanes II; Asesinatos de periodistas; TCQ y Bantrab.

Qué más dice el informe

El informe anual de la CICIG aborda otros temas, por ejemplo, el Fortalecimiento del Estado de Derecho para prevenir la reaparición de los CIACS, en este aborda el papel de Congreso de la República.

En ese sentido, manifiesta su preocupación por la tendencia en el Congreso de promover leyes que buscan reducir la capacidad del Estado para investigar y sancionar la corrupción así como el estancamiento de la agenda mínima de reformas al Sistema de Justicia.

Asimismo, aborda un tema acerca de cómo los Cuerpos Ilegales y Clandestinos de Seguridad (CIACS) evolucionaron hacia Redes Político Económicas Ilícitas, que operan entre lo público y lo privado, involucrando a líderes políticos, funcionarios, operadores de justicia, abogados, militares, empresarios, entre otros.

A la vez, llama la atención el abordaje del financiamiento electoral ilícito: “Independientemente de su origen, el financiamiento electoral ilícito en todas sus modalidades tiene generalmente un mismo objetivo: la compra de favores, el beneplácito de los gobernantes y el retorno del financiamiento vía la contratación pública”, señaló el informe.

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Más sobre el trabajo de la CICIG

En un boletín informativo, la CICIG destacó que en general hasta la fecha han presentado más de cien casos, logrando más de 310 condenas. Además, hay 116 personas prófugas de la justicia, relacionadas a los casos investigados.

Hay más de 680 personas procesadas de las cuales el 60 por ciento cuenta con medida sustitutiva, es decir, no guardan prisión preventiva.

Destacan también que han realizado treinta y cuatro propuestas de reformas legales y que han identificado a más de sesenta estructuras criminales.

En materia financiera, Estados Unidos, con USD$44 millones 502 mil 895, entre 2007 y 2017; y Suecia, con USD$35 millones 868 mil 458, entre 2009 y 2018, son los países que más han contribuido económicamente a la CICIG.

EN CIFRAS

16 casos
Presentó la CICIG junto al MP en el último año

7 caso más
En comparación al periodo anterior

Más de 100
Sentencias fueron obtenidas en casos donde la CICIG participó

70 millones de quetzales
Obtuvo el Estado de Guatemala en concepto de reparación en casos donde CICIG fue parte

11 solicitudes 
De antejuicio fueron presentadas

680 personas procesadas
Registra la CICIG en los casos en los cuales apoya

40 por ciento
Están en prisión preventiva

60 por ciento
Gozan de medidas sustitutivas