Por Eder Juárez
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Ayer el Congreso de la República aprobó las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito, con lo que los congresistas se recetaron una amnistía.

De acuerdo con el abogado Aníbal García, hay que reflexionar si no se está violando la Ley de Probidad y ver si no es un fraude de Ley, porque ahora pasó la primera parte que es el Congreso de la República, donde claramente los diputados legislaron a favor de ellos, pero viene algo peor que es la sanción de la Ley en la que es al mismo Presidente de la República a quien le corresponde sancionar pero él tiene conflicto de interés porque es uno de los señalados, indicó García, para quien “aún hay mucha tela que cortar en este asunto”.

El entrevistado indicó que hay que reconocer que en materia penal hay un principio de favorabilidad a favor del reo en el sentido de que la norma penal sí es aplicable retroactivamente cuando favorece al reo y esto implica que si el tipo penal que se ha creado ahora es un tipo penal que de una u otra forma cambia la existencia del delito, obliga al Ministerio Público a determinar si la actuación del presidente Jimmy Morales como de los diputados Nineth Montenegro, Orlando Blanco y todos los Secretarios Generales que se han visto involucrados en el financiamiento electoral ilícito encuadran en esa otra figura.

Hay que ver si esta norma establece parámetros que son aplicables a estos personajes en función que ellos eran los Secretarios Generales de los partidos, mencionó.

“La norma que está entrando en vigencia le está quitando responsabilidad a los Secretarios Generales de los partidos, entonces si hay que hacer una interpretación adecuada, esperaría que no fuera una receta de impunidad y una amnistía consentida por todos los partidos representados en el Congreso, porque entonces estarían legislando para sí”, manifestó García.

El abogado señaló que “jamás habíamos tenido un Congreso tan abominable como el que tenemos ahora, es cierto que los Congresos han sido detestables para la población pero nadie había llegado al extremo de lo que llegaron a hacer, que fue legislar para sí y recetarse impunidad en el ejercicio de la función legislativa, es condenable porque muchos Secretarios Generales de partidos de diputados que votaron esas reformas saben perfectamente que son beneficiarios de esa norma”.

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