Por Christian Gutiérrez
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Luego de conocerse el comunicado emitido por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el que informó que fueron revocadas tres visas a funcionarios de ese ente y la derogación de otras ocho, analistas consultados manifestaron que esta acción del Gobierno está encaminada a bloquear el trabajo de la Comisión, al tiempo que señalaron que el Gobierno continúa violando el Acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas.
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva de la Coalición Movimiento Pro-Justicia, señaló que esta es una acción del Gobierno para bloquear el trabajo de la CICIG y bloquear las investigaciones criminales que la Comisión apoya y asesora en contra de grupos de poder político y económico que están siendo afectados en la lucha en contra de la corrupción y la impunidad.
“Esta es una de las acciones que han tomado para sabotear y debilitar el trabajo de la Comisión, ya vimos que lograron mantener fuera del territorio al Comisionado y ahora están atacando el corazón del trabajo de la Comisión bloqueando el trabajo del equipo de los investigadores y expertos que asesoran los casos”, enfatizó.
Ibarra señaló que el objetivo de la revocatoria es frenar la lucha contra la impunidad, haciendo un uso espurio del poder público, pues este no está creado para proteger intereses de grupo sino para servir a una sociedad, cumpliendo un ordenamiento jurídico.
“Se está poniendo la institucionalidad al servicio de los grupos criminales, cerrando los espacios para la CICIG”, indicó.
POSIBILIDAD QUE LA CORRUPCIÓN SE MANTENGA
Luis Linares, analista de Asies, comentó a La Hora que el Gobierno continúa violando el acuerdo que se tiene con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, debido a que es un compromiso del Estado de Guatemala facilitar el trabajo mientras el acuerdo siga vigente.
Añadió que se tiene que recordar que aún están en un impase los amparos interpuestos en la Corte de Constitucionalidad (CC) y que es preocupante que se siente un precedente en cuanto a que una resolución de la Corte sea burlada.
“Hay toda una estrategia que le está dando buenos resultados al Gobierno”, indicó.
Asimismo, mencionó que hay una posibilidad que en Guatemala el nivel de corrupción se mantenga y no haya castigos para las personas que incurran en actos de corrupción.
INCUMPLE OBLIGACIONES INTERNACIONALES
A criterio de Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua), con la revocación de las visas para los funcionarios de la CICIG, el Gobierno está profundizando su decisión de incumplir todas aquellas obligaciones internacionales que buscan combatir la corrupción, así como garantizar a los guatemaltecos los derechos humanos y libertades fundamentales.
El diputado Jean Paul Briere mencionó que “muchos llevaban algunos casos sumamente delicados y esto obviamente puede contribuir a que esta lucha contra la corrupción, que con la que ya se venía avanzando, tenga un retroceso”.
NO SE PRONUNCIARÁN
Cancillería por su parte no ha confirmado el motivo de la revocación de las visas de los funcionarios de la CICIG. Marta Larra, vocera de la institución, informó que de momento no tienen programado realizar ningún pronunciamiento para aclarar a la prensa las razones que llevaron a esta revocatoria.
