POR HEDY QUINO
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La jefa de la bancada del bloque Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, afirmó que no votará por la reforma al financiamiento electoral ilícito, por considerar que tiene un conflicto de interés. Esto por enfrentar un proceso de antejuicio por un caso relacionado a ese delito.
En el momento que el Pleno decida retomar la aprobación para modificar el artículo 407 N del Código Penal, que se refiere a la tipificación de la pena por el financiamiento electoral ilícito y en su modalidad de anónimo, la congresista se abstendrá a emitir su voto.
“Debido a la imputación, sorpresiva y poco investigada, que hizo el Ministerio Público (MP) y la CICIG en mi contra, por el hecho de ser Secretaria General, por actos puramente administrativos, en estos momentos me encuentro en una situación de conflicto de interés”, declaró la congresista.
La jefa del bloque EG agregó que su decisión se basa en el artículo 18 de la Ley de Probidad. “La normativa dice que es prohibido usar el poder del cargo para influir en la toma de decisiones en beneficio personal. Quiero ser respetuosa de la Ley”, explicó.
La secretaria general de EG opinó que el delito de financiamiento electoral ilícito se debe analizar de manera justa y equilibrada. “A causa de lo que a mí me pasó sí hay que hacer una revisión del 407 N”.
La iniciativa sobre el financiamiento electoral ilícito ya fue aprobada en su segundo debate, aún falta que se apruebe el tercer debate y redacción final.
POR CONFLICTO DE INTERÉS
En la Corte de Constitucionalidad se encuentra una solicitud de amparo de la diputada Andrea Villagrán, para que por lo menos 66 legisladores se abstengan de votar por la modificación al delito de financiamiento electoral ilícito. Esto por considerarse que tienen conflicto de interés.
De acuerdo con Villagrán, este número de parlamentarios pertenece a un partido político que está bajo investigación del MP, ya que posiblemente incurrieron en esta falta.
El amparo que solicitó la congresista aún no ha sido resuelto por la máxima corte.
CAMBIO
La propuesta del 407 N, que se encuentra en el Congreso, contempla rebajar la tipificación de las penas a cinco años de prisión para el delito de financiamiento electoral ilícito.
Actualmente la Ley contempla que, “quien incurriere en ese delito será sancionado con prisión de cuatro a doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil quetzales”.
BUSCAN OTRAS SALIDAS
En la sesión de ayer, diputados de la UNE buscaron eliminar la literal k) del artículo 21 Ter, de la Ley Electoral, para que el Tribunal Supremo Electoral ya no cancelara a los partidos políticos por financiamiento electoral ilícito.
