Por Denis Aguilar
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Durante el foro El Derecho de Antejuicio: ¿Garantía de la función pública o privilegio personal?, expertos analizaron la iniciativa de Ley 5300, que busca reformar la Ley en Materia de Antejuicio y consideran que de ser aprobada existe el peligro de que el país vaya camino a una dictadura, ya que el Congreso monopolizaría el poder.
El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, manifestó que con esa iniciativa de ley el Legislativo quiere monopolizar el poder, agregando que ello implica que se está caminando hacia una dictadura.
“Lo que se quiere en el Congreso de la República es monopolizar el poder y se está aprovechando esta coyuntura actual en la que existe una confusión de todo mundo; queremos tomar partido, todo mundo opinamos, todos somos expertos en cualquiera de las materias, pero no nos ponemos a pensar en que esto lo que implica es que estamos caminando prácticamente hacia una dictadura”, dijo Sandoval.
“No respetar la Constitución Política de la República, querer monopolizar desde el Congreso de la República el ejercicio del poder”, agregó Sandoval.
Sandoval recordó que entre 2015 y mayo de 2018 se han presentado 42 solicitudes de antejuicio, de las cuales 22 fueron contra diputados, 13 contra jueces y magistrados y las restantes 7 contra otros funcionarios. El Fiscal agregó que 39 pasaron su curso normal y la mayoría fueron declaradas con lugar y un alto porcentaje de personas a quienes se les retiró la inmunidad ahora enfrentan procesos penales.
Por su parte el diputado Amílcar Pop consideró que la iniciativa 5300 implica un inminente riesgo de asalto al poder institucional y el establecimiento de una dictadura.
“Hoy estamos frente un inminente riesgo, ya no de un rompimiento institucional, de un asalto al poder institucional y de una dictadura de no sabemos quién”, dijo Pop, agregando que la dictadura no sería del Congreso en un sentido estricto.
Pop agregó que el Congreso no debe conocer una reforma de ese tipo, ya que sería una lesión muy grave para el Estado.
“Una élite de corrupción que tiene secuestrado al Estado desde hace mucho tiempo, entre ellos militares, empresarios y políticos, hoy quieren asaltar el Estado para generar una impunidad que les dure los siguientes 25 años”, señaló Pop.
En tanto el abogado constitucionalista, Alejandro Balsells, se refirió a esa reforma como un “monstruo”, ya que considera que algunos diputados están pretendiendo vincular al poder político la labor jurisdiccional.
Balsells señala que los diputados que han apoyado esta iniciativa están buscando que los jueces estén siempre sujetos a las decisiones de un cuerpo político como es el Congreso, lo que implicaría que estos perdieron su independencia judicial. “Aquí existe un asalto a la institucionalidad republicana del país”, agregó.
Asimismo dijo que no hay que perder de vista la intención de la reforma, que era de aprobarse de urgencia nacional y aplicarlo antes de que se conociera la decisión del Presidente de la República cuando estaba en Nueva York y “desaforar a la mitad de la Corte de Constitucionalidad”.
