POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal dio a conocer hoy la sentencia contra 21 personas sindicadas en el Caso IGSS-Pisa, a quienes se les acusa de una contratación fraudulenta entre la droguería Pisa y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para prestar el servicio de diálisis peritoneal que costó Q116 millones.
De esas 21 personas, hay 3 que fueron acusadas de la adjudicación anómala de un contrato de arrendamiento de un inmueble en Chiquimula para el IGSS.
El Tribunal Undécimo, presidido por la jueza Morelia Ríos, convocó a los acusados y demás partes involucradas en el caso a las 9:00 horas para dar a conocer la lectura de la sentencia. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el tribunal comenzó la audiencia para dar a conocer la sentencia.
A la sala de audiencias se hizo presente la magistrada Blanca Stalling, madre de Otto Molina Stalling, exasesor del IGSS y acusado de los delitos de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones.
“Estoy segura que Dios y la Virgen santísima están aquí conmigo y Dios va a iluminar a los jueces y de ahora en adelante creo que tenemos la oportunidad de hacer las cosas apegadas a la ley, que de verdad en Guatemala se recupere el Estado de Derecho. Y que los jueces y juezas dejen de estar de rodillas por temor. Yo lo dije cuando todavía era magistrada. La Corte que está de rodillas, lo dije. Están atrás conspiradores”, dijo Stalling en la sala de audiencias.
Stalling fue encarcelada porque cuando el caso se encontraba en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, citó al juez Carlos Ruano a su despacho para pedirle que le otorgara una medida sustitutiva a su hijo, actitud que constituyó el delito de tráfico de influencias, según la Fiscalía.
No obstante, recientemente la jueza Abelina Cruz, suplente del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, le otorgó arresto domiciliario y no le impuso el pago de ninguna caución económica.
JUICIO LARGO
La culminación del caso se ha retrasado debido a que, por la denuncia que hizo el juez Ruano contra Stalling, el juicio se anuló y se asignó al Tribunal Décimo de Sentencia Penal. Sin embargo, este se excusó por enemistad con la Fundación Sobrevivientes, quienes actuaban como querellantes adhesivos.
Finalmente, el expediente del caso se trasladó al Tribunal Undécimo de Sentencia Penal. El juicio se reinició el 11 de agosto del 2018 y, hasta la fecha, se han realizado 92 audiencias.
Entre los acusados están los exintegrantes de la Junta Directiva del IGSS, Julio Roberto Suárez Guerra, Julio Amparo Lotán Garzona, Max Erwin Quirín Schoder y el expresidente del IGSS, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó penas que van de los cinco a los 28 años de prisión.